Pedir pruebas para extraditar a Rocha Moya es un disparate jurídico: Buscaglia
El académico advirtió que el Estado replica patrones de protección a redes criminales desde hace décadas.
- Redacción AN / KC
El analista político y académico Edgardo Buscaglia afirmó que la exigencia de pruebas por parte de autoridades mexicanas ante solicitudes de extradición provenientes de Estados Unidos “es un disparate jurídico”, al sostener que la evidencia se construye durante el proceso judicial y no como requisito previo.
Advirtió que la reacción institucional frente a acusaciones contra funcionarios mexicanos refleja la persistencia de un “pacto político de impunidad mafiosa”.
En entrevista para Aristegui en Vivo, el especialista señaló que, conforme a estándares internacionales, lo que corresponde en estos casos es solicitar información o material potencialmente probatorio, no pruebas concluyentes.
Solicitar prueba es un disparate jurídico, la prueba surge a lo largo de un procesamiento judicial.
Agregó que entre Estados rige el principio de buena fe, por lo que se presume que una solicitud de extradición está sustentada en elementos suficientes para iniciar el procedimiento.
En ese contexto, cuestionó la postura inicial de la Fiscalía General de la República (FGR) y de algunos legisladores, al considerar que se aparta de prácticas previas.
Explicó que, en al menos 90 casos de extradición analizados durante la actual administración, México concedió solicitudes con menor carga probatoria que la reportada en el caso reciente vinculado a funcionarios de Sinaloa.
Por otro lado, Buscaglia advirtió que la falta de aplicación de mecanismos como la detención provisional, contemplados en tratados de extradición, podría facilitar la evasión de la justicia en casos de delincuencia organizada.
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Según dijo, estas omisiones “indican que el pacto político de impunidad mafiosa continúa”.
El académico también planteó que el caso representa una “oportunidad histórica” para que el gobierno federal impulse un acuerdo político amplio que permita investigar y procesar a funcionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado.
La presidenta tiene que llamar a la constitución de un pacto político de integridad antimafia.
En su análisis, comparó la situación de México con contextos previos en Italia y Colombia, donde —dijo— los avances contra estructuras criminales se lograron a partir de acuerdos políticos y procesos judiciales de gran escala.
Sin embargo, consideró que, hasta ahora, no observa una respuesta similar en el país.
Finalmente, anticipó que autoridades estadounidenses ampliarían sus investigaciones más allá del Cártel de Sinaloa, con posibles casos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación y nuevas solicitudes de extradición contra funcionarios públicos en las próximas semanas o meses.
