FBI, abogados y reuniones: las dudas de Cossío sobre el audio de Marina del Pilar

El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, consideró que existen diversos elementos que vuelven poco convincente la explicación ofrecida por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, respecto al audio difundido por el periodista Héctor de Mauleón, en el que la mandataria habla de reuniones con autoridades estadounidenses y de gestiones relacionadas con la revocación de su visa.

Durante su participación en Aristegui en Vivo, señaló que la grabación divulgada es un elemento de gran relevancia pública, aunque subrayó que únicamente se conoce un fragmento de la conversación original que, sin embargo, sí “permite hacer conjeturas”.

El jurista explicó que una de las primeras cuestiones que llaman la atención es la referencia a una reunión en el Consulado de Estados Unidos en Tijuana y la intención de acudir acompañado de abogados.

A su juicio, si el asunto estuviera relacionado únicamente con la recuperación de una visa revocada, el procedimiento ordinario previsto por las autoridades estadounidenses no justificaría varios de los elementos descritos en la conversación.

Cossío explicó que, de acuerdo con la información pública del Departamento de Estado, las solicitudes para reconsiderar una revocación de visa se presentan de manera electrónica y posteriormente el interesado puede acudir ante una oficina consular para exponer las razones por las cuales considera que no encuadra en los supuestos que dieron origen a la cancelación.

Recordó que entre las causas de revocación se encuentran haber sido arrestado o condenado en Estados Unidos, incumplir las condiciones de permanencia autorizadas por la visa o realizar actividades incompatibles con ésta.

En ese sentido, señaló que ninguna de esas hipótesis parece corresponder al caso de la gobernadora: “El motivo por el cual se consideró que debía revocarse la visa a la gobernadora es simple y sencillamente porque los Estados Unidos consideró, con buenos o malos argumentos, eso no lo sabemos, que ella era o estaba realizando conductas contrarias a la seguridad nacional de los Estados Unidos o a la seguridad pública de los Estados Unidos”.

El ministro en retiro aclaró que se trata de una inferencia basada en los supuestos de revocación publicados por las autoridades estadounidenses y no en información oficial sobre el expediente de la mandataria.

La referencia al FBI

Otro de los aspectos que destacó fue la mención del Buró Federal de Investigaciones (FBI) dentro de la conversación. Señaló que los procedimientos relacionados con visas corresponden al Departamento de Estado y no al Departamento de Justicia, del que depende el FBI.

Por ello, consideró relevante preguntarse por qué esa agencia aparecería vinculada a una gestión de esa naturaleza. “¿Por qué el FBI tendría que estar involucrado en un tema que tiene que ver con revocaciones de visas cuando éste es exclusiva competencia del Departamento de Estado?”, cuestionó.

Explicó que el FBI forma parte del Departamento de Justicia estadounidense y que sus funciones no guardan relación directa con los trámites migratorios ordinarios. “Ese me parece que ya es un punto muy importante”, indicó.

El perfil del abogado

Cossío se refirió a la identidad del abogado mencionado por la propia gobernadora en el audio. Se trata de Michael Nadler, un exfiscal federal con una larga trayectoria en investigaciones de alto perfil relacionadas con delitos financieros y operaciones internacionales.

Recordó que Nadler participó en investigaciones que derivaron en procesos contra Alex Saab, empresario colombiano señalado como operador financiero del gobierno de Nicolás Maduro. “No es cualquier persona”, afirmó.

Según explicó, Nadler desarrolló una carrera exitosa como fiscal federal en Florida antes de incorporarse a la práctica privada, una ruta frecuente entre funcionarios del sistema de procuración de justicia estadounidense. Indicó que actualmente forma parte del despacho Davis Polk, una de las firmas más reconocidas de Estados Unidos.

Tras revisar la información pública de la firma, dijo haber encontrado oficinas en Nueva York y Boston, pero no en Miami, ciudad que fue mencionada por la gobernadora.

Más importante aún, destacó que la especialidad profesional de la firma no está enfocada en asuntos migratorios. “No tienen una práctica migratoria. ¿Qué práctica sí tiene este abogado? Práctica de lavado de dinero, transacciones internacionales, grandes delitos de cuello blanco”, explicó.

Por ello, consideró difícil asociar la contratación de un abogado de esas características con un procedimiento administrativo para recuperar una visa. “No puede ser que un abogado de este tamaño, de esta importancia, con esta experiencia, esté metido en asuntos migratorios. Debe ser un asunto que se está construyendo desde hace tiempo”, señaló.

Las visitas a Baja California

Cossío también llamó la atención sobre otra afirmación contenida en el audio: que el abogado habría viajado de manera periódica a Baja California. Sostuvo que resulta complicado explicar esas visitas bajo la lógica de una simple gestión migratoria.

Indicó que se trata de un profesionista de muy alto nivel cuyos honorarios, por su experiencia y especialización, serían particularmente elevados. Por ello, dijo, resulta difícil pensar que un despacho de esa magnitud se involucre durante meses en un procedimiento ordinario relacionado con una visa.

El uso del término “agencias”

Otro elemento que consideró relevante fue la referencia a conversaciones con “agencias” estadounidenses. A diferencia de un procedimiento exclusivamente consular, observó, el uso del plural sugiere la participación de diversas instancias.

“Si es el Departamento de Estado, es el Departamento de Estado. Si es el consulado, es el consulado”, apuntó.

Explicó que en México operan de manera legal representantes de distintas corporaciones estadounidenses, entre ellas la DEA y el FBI, mediante figuras de enlace adscritas a las embajadas. Dichos funcionarios, precisó, participan en actividades de cooperación jurídica y de intercambio de información dentro de marcos legales establecidos.

Por lo que planteó la hipótesis de que las conversaciones mencionadas en el audio podrían haber tenido alcances distintos a un simple trámite administrativo: “Muy posiblemente, esto sí lo pongo como una hipótesis, para efectos de tener algún tipo de conversación, algún tipo de ajuste, etcétera”.

La reserva sobre las gestiones

El ministro en retiro también cuestionó otro de los argumentos atribuidos a la gobernadora: la necesidad de buscar asesoría legal fuera de Baja California para evitar filtraciones. Recordó que en la región fronteriza existe una amplia oferta de abogados especializados en temas migratorios y una intensa interacción cotidiana con autoridades estadounidenses.

Por ello, consideró poco lógico que una gestión para recuperar una visa requiriera tal nivel de discreción. “Si lo que quieres es una visa, ¿por qué tendría desdoro? ¿Por qué tendría que ser oculto? ¿Por qué tendría que haber un sigilo?”, planteó.

Agregó que una solicitud para revertir una revocación de visa es un procedimiento administrativo que, en principio, no justificaría medidas extraordinarias de confidencialidad. “La verdad resulta muy poco creíble la explicación que se da con posterioridad”, concluyó.

La difusión del audio ocurre en un momento particularmente sensible de la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, con presiones de autoridades estadounidenses para avanzar en investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales, así como recientes operativos de alto impacto realizados por fuerzas federales mexicanas. Marina del Pilar Ávila Olmeda no enfrenta acusaciones formales conocidas.

Un contexto de presión creciente de EE.UU.

Cossío enmarcó el caso en un contexto más amplio de exigencias cada vez mayores por parte de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano en materia de seguridad y combate al crimen organizado: “La exigencia de Estados Unidos es muy grande”.

Sostuvo que las autoridades mexicanas han incrementado los decomisos, las detenciones y los aseguramientos de infraestructura utilizada por grupos criminales, pero consideró que las demandas estadounidenses han evolucionado hacia otro terreno.

A su juicio, la discusión ya no gira únicamente en torno a laboratorios, cargamentos de droga o integrantes operativos de las organizaciones criminales.“Sí, pero no están entregando a las personas que los propios Estados Unidos le llaman de la narcopolítica”, señaló.

Planteó que la principal presión de Washington estaría concentrándose en personas que, desde la visión estadounidense, habrían facilitado o protegido la operación de grupos criminales desde estructuras políticas, económicas o institucionales: “Yo creo que esa es la siguiente etapa”.

En torno a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la estrategia de seguridad y la cooperación bilateral, Cossío señaló que existe una diferencia de enfoque entre la narrativa del gobierno mexicano y las prioridades que, a su juicio, mantiene Estados Unidos.

Explicó que la administración federal suele centrar su discurso en la detención de quienes denomina “generadores de violencia”, es decir, integrantes operativos de grupos criminales responsables de homicidios y otros delitos de alto impacto. Sin embargo, consideró que Washington está poniendo el foco en otro tipo de actores.

“Estados Unidos no te está pidiendo que detengas a los generadores de violencia. Está pidiéndote que detengas a los que están en la connivencia que permite que los generadores de violencia se hayan enquistado en el Estado”, afirmó.

Añadió que, desde esa perspectiva, la atención estaría puesta en políticos, empresarios y operadores financieros que presuntamente facilitan las actividades criminales.

Respecto a la posibilidad de operaciones estadounidenses en territorio mexicano, Cossío sostuvo que el marco constitucional impide una intervención militar directa de fuerzas extranjeras.

Sin embargo, consideró que el esquema de colaboración actual apunta a un modelo distinto: labores de inteligencia realizadas por agencias estadounidenses y ejecución operativa a cargo de instituciones mexicanas.