Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial consideró desproporcionada destitución de juez señalado por Sheinbaum

La magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya García, consideró desproporcionada la sanción de un año de inhabilitación y destitución impuesta al juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, por lo que en un voto particular propuso que se le aplicara una suspensión de 90 días naturales, el máximo previsto para esa sanción.

Se trata del documento relacionado con la resolución de la Comisión de Disciplina, en el que la presidenta coincidió con la mayoría de las magistraturas integrantes del órgano, sobre que el juez incurrió en la falta administrativa de notorio descuido al modificar las penas acordadas entre el Ministerio Público y las personas acusadas en cuatro procedimientos abreviados.

Sin embargo, discrepó de la sanción determinada por sus compañeros, al considerar que no correspondía a la gravedad de las conductas acreditadas.

La magistrada sostuvo que la inhabilitación temporal por un año, que lleva implícita la destitución del cargo, era “desproporcional por las circunstancias que rodearon a la infracción”.

Entre los elementos que tomó en cuenta señaló que la infracción se limitó a cuatro causas penales, que no existió reincidencia, que no se acreditaron daños o perjuicios patrimoniales y que tampoco hubo algún beneficio o lucro para el juez.

Asimismo, consideró que la disminución de las penas respecto de las solicitadas por el Ministerio Público no fue sustancial en tres de los cuatro asuntos, mientras que en el restante la diferencia fue mayor.

De acuerdo con el voto particular, en tres causas penales el Ministerio Público solicitó una pena de cuatro años y dos meses de prisión, mientras que Sigales impuso tres años y cuatro meses, es decir, una reducción de diez meses. En el cuarto asunto, la representación ministerial solicitó seis años y ocho meses de prisión, pero el juzgador impuso tres años y cuatro meses, una diferencia de tres años y cuatro meses.

Maya también destacó que los delitos por los que se solicitaron los procedimientos abreviados estaban “fuera del núcleo de la delincuencia de alto impacto o macrocriminalidad y que no se cometieron con violencia extrema, delincuencia organizada o afectación a víctimas vulnerables”.

En ese sentido, argumentó que la propia solicitud del Ministerio Público para recurrir a esa modalidad procesal constituía un indicador de la naturaleza de los delitos y de que sus efectos podían mitigarse y resolverse mediante el proceso penal ordinario, “sin necesidad de un castigo socialmente ejemplarizante”.

La magistrada señaló que, de haberse tratado de delitos de esas características, la representación ministerial habría estado institucionalmente comprometida a llevar los casos a juicio oral para buscar la pena máxima.

La sanción debía ser proporcional a la falta

En su argumentación, Maya explicó que, una vez acreditada la infracción administrativa, correspondía individualizar la sanción de acuerdo con su gravedad y con los elementos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Entre los factores analizados mencionó el cargo que desempeñaba Sigales cuando ocurrieron los hechos, su antigüedad como juzgador, las circunstancias en las que se cometieron las conductas, la existencia de reincidencia y los posibles beneficios derivados de la infracción.

El documento precisa que Sigales se desempeñaba como juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito a un Centro de Justicia Penal Federal. Había asumido ese cargo el 16 de agosto de 2021 y las cuatro resoluciones cuestionadas fueron emitidas entre el 23 de mayo y el 24 de octubre de 2022, cuando tenía entre nueve meses y poco más de un año de antigüedad en esa función.

Las conductas se produjeron durante audiencias públicas relacionadas con procedimientos abreviados, celebradas el 23 de mayo, 15 de julio, 30 de septiembre y 24 de octubre de 2022.

Maya recordó que el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece distintos rangos de sanciones: suspensión del empleo, cargo o comisión de 30 a 90 días naturales; destitución, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

A partir de los elementos que identificó en el expediente, consideró que las circunstancias del caso descartaban la aplicación de los rangos correspondientes a la destitución y la inhabilitación.

En el numeral 19 de su voto particular sostuvo que esas sanciones debían reservarse para conductas que hubieran trascendido de manera especialmente grave o sistemática a la impartición de justicia.

También citó una tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para explicar las diferencias entre la destitución y la inhabilitación temporal. De acuerdo con ese criterio, la segunda es más grave porque, además de implicar la separación del cargo, impide al servidor público desempeñar cualquier actividad dentro de la función pública durante el periodo establecido.

Por ello, concluyó que la sanción proporcional para Sigales correspondía al rango de suspensión y que, dadas las circunstancias del expediente, debía aplicarse su temporalidad máxima: 90 días naturales.

El voto particular fue formulado en relación con la sentencia aprobada por mayoría de las magistraturas de la Comisión de Disciplina durante la sesión ordinaria del 29 de septiembre de 2026.

Sigales reconoció el voto de Maya en Aristegui en Vivo

El desacuerdo de la magistrada fue mencionado por el propio Sigales durante una entrevista con Aristegui en Vivo el pasado 10 de noviembre, en la que estuvo acompañado por su abogado defensor, Arturo Guerrero Zazueta.

En esa conversación, el juez expresó su reconocimiento a Maya por votar en contra de la resolución que determinó su inhabilitación por un año y destitución del cargo.

“Me sorprende gratamente el voto de la magistrada Celia Maya, la presidenta votó en contra”, dijo.

Sigales cuestionó el procedimiento disciplinario y sostuvo que el Tribunal de Disciplina Judicial vulneró su presunción de inocencia al difundir un comunicado el pasado 2 de noviembre en el que sostuvo que presentó como acreditadas presuntas irregularidades antes de que concluyera el procedimiento.

El juzgador explicó que el caso se originó por sus decisiones en nueve procedimientos abreviados, en los que revisó las penas propuestas por la Fiscalía General de la República (FGR). Según expuso, en cinco de esos asuntos sus determinaciones fueron confirmadas después de que la representación ministerial las impugnó, mientras que en los otros cuatro fueron revocadas por un mismo tribunal de alzada en Colima.

Su abogado sostuvo que el procedimiento disciplinario se relacionaba con la interpretación jurídica del juez sobre la posibilidad de revisar las penas acordadas por la Fiscalía y no con señalamientos de que hubiera recibido dinero o cometido actos de corrupción.

Durante la entrevista, Sigales también cuestionó que el Tribunal de Disciplina hubiera presentado una denuncia penal en su contra ante la FGR antes de que concluyera el procedimiento administrativo. Señaló que el oficio mediante el cual se formalizó la denuncia fue fechado el 3 de noviembre, un día después de declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre jueces que liberaban a personas detenidas en Colima.

El juez consideró que esa actuación comprometía la imparcialidad del órgano que debía resolver su situación y sostuvo que el procedimiento podía sentar un precedente para sancionar a otros juzgadores por sus criterios jurídicos.

Sigales señaló que espera que el pleno del Tribunal de Disciplina Judicial revise la determinación de la Comisión de Disciplina y adelantó que continuará con los recursos legales para intentar revertir su destitución e inhabilitación.