El rescate de la democracia: por qué el INE necesita un reestructurador externo para recuperar su credibilidad | Artículo por Alberto Islas

Por: Alberto Islas

CEO Global Leading Solutions

La democracia mexicana se sostiene sobre un principio irrenunciable: que cada voto cuente y que la ciudadanía pueda confiar plenamente en la integridad de quien organiza las elecciones. Hoy, esa confianza enfrenta una amenaza sin precedentes. La corrupción sistémica y la grave falta de controles internos en el Instituto Nacional Electoral (INE) han llegado a un nivel que pone en entredicho la credibilidad de las elecciones de 2027. Cuando la vigilancia interna falla una y otra vez, el riesgo deja de ser hipotético: alcanza el núcleo de nuestra democracia, desde la protección de la identidad de los ciudadanos hasta la certeza del padrón electoral.

El síntoma más grave: la vulnerabilidad de la credencial para votar

No existe instrumento más sensible para la vida democrática del país que la credencial para votar con fotografía. Más allá de ser el documento de identificación oficial para millones de mexicanos, es la llave maestra que garantiza el ejercicio del sufragio libre y secreto. Pese a esta relevancia estratégica, la opacidad y el debilitamiento de los controles internos en los procesos de licitación y contratación han permitido que la fabricación de este documento vital quede en manos de empresas señaladas por haber participado en esquemas de fraude.

Permitir que consorcios con antecedentes de irregularidades graves y prácticas fraudulentas intervengan en la cadena de producción de la credencial de elector constituye una falla de seguridad institucional inaceptable.

Si la ciudadanía percibe que el documento que respalda su voto nace de contratos viciados o adjudicaciones carentes de ética, la legitimidad de cualquier jornada electoral queda herida de muerte antes de que se instale la primera casilla. Las auditorías tradicionales, aunque necesarias, han demostrado ser reactivas e insuficientes: llegan cuando el daño patrimonial y reputacional ya está consumado.

La lección del sector privado: la figura del reestructurador

Ante una crisis de esta magnitud, pretender que el problema se resuelva desde adentro, con las mismas estructuras que permitieron su gestación, es un error de diagnóstico. En el ámbito corporativo, cuando una empresa atraviesa una crisis severa de viabilidad o entra en un proceso de concurso mercantil, la legislación y las mejores prácticas financieras contemplan la intervención inmediata de una figura clave: el reestructurador o conciliador externo. Su función no es liquidar la organización, sino intervenir con objetividad, autonomía y facultades ejecutivas para sanear sus finanzas, limpiar sus procesos viciados y sacar a la institución adelante.

El INE necesita urgentemente adoptar este modelo y nombrar —o crear estatutariamente— la figura de un reestructurador. Es necesario reconocer que el consejero o la consejera presidenta del INE no puede encabezar esta transformación profunda por sí solo. Quien preside el Consejo General estará absorbido por la elección de 2027 y las inercias burocráticas propias del cargo. Además, existe un conflicto de interés natural al pedirle a la alta dirección que audite y desmantele redes de complicidad que operan bajo su propia estructura jerárquica. Se requiere un agente externo con mandato específico, blindado contra presiones partidistas y burocráticas, cuya única misión sea volver a blindar al instituto desde sus cimientos.

Tres ejes de acción para blindar al instituto

Para que la intervención de este reestructurador sea efectiva y devuelva la certeza al sistema electoral, su mandato debe concentrarse en tres tareas innegociables y de ejecución inmediata:

1. Auditoría y transparencia total en las declaraciones patrimoniales. El primer paso para erradicar las redes de corrupción interna es el escrutinio riguroso del patrimonio de quienes toman decisiones y manejan recursos públicos. El reestructurador debe revisar a fondo las declaraciones patrimoniales y de intereses de todos los empleados del instituto, cruzando la información para detectar enriquecimientos inexplicables o conflictos de interés con proveedores. Más aún, estas declaraciones deben hacerse completamente públicas y accesibles para la ciudadanía, eliminando cualquier reserva que hoy sirva de escudo para la impunidad.

2. Rediseño de procesos y mitigación de riesgos operativos. No basta con sancionar a funcionarios corruptos si las puertas siguen abiertas. El reestructurador debe realizar una radiografía integral de todos los procesos y flujos de operación del INE —especialmente en adquisiciones, informática, padrón electoral y fiscalización— para detectar los puntos de mayor riesgo de captura institucional. Una vez identificadas las vulnerabilidades en las que se manipulan bases técnicas o se direccionan licitaciones, se deben aplicar controles mitigantes estrictos, automatizados y auditables en tiempo real que impidan la discrecionalidad humana.

El INE contrata a empresas privadas para proveer la infraestructura tecnológica periférica: arrendamiento de miles de teléfonos celulares y planes de datos para el PREP Casilla (donde los capacitadores fotografían el acta), servicios de cómputo en la nube (como Amazon Web Services, a través de integradores como iNBest), enlaces de telecomunicaciones, escáneres y blindaje de ciberseguridad contra ataques informáticos (en el que han participado firmas como Scitum de Telmex). Estas contrataciones / licitaciones son críticas y deben ser las más vigiladas para garantizar la transparencia. A pesar de que este rubro cuenta con un presupuesto de $350 millones de pesos, constituye un nodo estratégico.

3. Optimización presupuestal y eliminación del sobrecosto por corrupción. Durante años se ha defendido el alto costo de la democracia mexicana bajo el argumento de la desconfianza, pero se ha ignorado cuánto de ese gasto se pierde en desvíos e ineficiencias deliberadas. Cuando en las contrataciones y operaciones internas existe un sobrecosto estimado del 30% atribuible directamente a la corrupción, resulta evidente por qué la organización de las elecciones y la vigilancia de las campañas resultan desproporcionadamente costosas para el país. Optimizar el presupuesto mediante la eliminación de este sobreprecio permitirá hacer más con menos, garantizando la operatividad técnica del instituto sin desangrar las finanzas públicas.

Preservar la autonomía electoral exige limpiar la casa con rigor técnico y transparencia absoluta. Solo mediante una reestructuración profunda, encabezada por una figura especializada que transparente los patrimonios, blinde los flujos operativos y elimine el impuesto de la corrupción en su presupuesto, México podrá garantizar elecciones verdaderamente íntegras, austeras y, sobre todo, creíbles. A menos que el objetivo sea crear un conflicto pos-electoral el próximo año.