México esquiva el escrutinio internacional en derechos sociales: Di-sentir A.C.

México enfrenta un examen ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en Ginebra, donde especialistas cuestionaron al Estado mexicano por la violencia, las desapariciones, la falta de acceso universal a la salud y los medicamentos, así como por los efectos de megaproyectos en comunidades indígenas y el medio ambiente.

Tania Ramírez Hernández, directora de Di-sentir A.C., informó que durante el segundo día de evaluación, las expertas y expertos del comité formularon preguntas incómodas a la representación mexicana sobre asuntos que ya han generado preocupación en otros órganos de Naciones Unidas.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, explicó que uno de los principales temas abordados fue el impacto de la delincuencia organizada en el ejercicio de los derechos económicos y sociales, particularmente por sus consecuencias en las personas desaparecidas, sus familias y las niñas, niños y adolescentes que quedan sin protección.

Ramírez señaló que el comité manifestó preocupación por los efectos de las desapariciones en las condiciones de vida de las familias, pues muchas de ellas quedan en situación de desprotección y enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos.

La activista indicó que otra de las preocupaciones expuestas durante el examen fue la falta de acceso efectivo a medicamentos y a servicios de salud y seguridad social para toda la población. De acuerdo con lo señalado por el comité, México no cuenta con una cobertura universal real en estos rubros.

Cuestionan megaobras y reforma judicial

Entre los asuntos abordados por las expertas y expertos también estuvieron las consecuencias de los megaproyectos en las comunidades indígenas y el medio ambiente. Ramírez detalló que el comité mencionó específicamente al Corredor Interoceánico y al Tren Maya, debido a presuntas violaciones a los derechos de las comunidades donde se desarrollaron estas obras.

“Concretamente mencionaron al Corredor Interoceánico y al Tren Maya como dos megaobras que se presume violaron los derechos de estas comunidades, porque las consultas no se hicieron como debían y además afectaron su medio ambiente de manera muy fuerte”, afirmó.

La directora de Di-sentir A.C. destacó que otro de los temas que surgió durante la evaluación fue el estado de la democracia mexicana y los cambios institucionales relacionados con la división de poderes.

Explicó que las expertas y expertos preguntaron reiteradamente a la representación del Estado mexicano sobre los efectos de la reforma judicial en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.

De acuerdo con Ramírez, los integrantes del comité expresaron preocupación por las implicaciones de que personas sin la capacitación o formación especializada necesaria ocupen cargos judiciales, debido a que esto puede repercutir en las resoluciones y en la calidad de la justicia que se imparte.

“Están conscientes los expertos que el tener personas no capacitadas, no formadas propiamente en estos temas impacta en las resoluciones que pueden dar, la calidad de justicia que imparten y que eso al final se refleja en que los derechos estén menos protegidos”, señaló.

A estas inquietudes se sumó la desaparición de órganos autónomos, particularmente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que realizaba evaluaciones sobre la política pública.

Ramírez explicó que la preocupación radica en las consecuencias de dejar de contar con un organismo especializado en medir los avances y resultados de las políticas públicas, pues consideró que sin esa información resulta difícil determinar si el Estado está garantizando los derechos de la población.

Acusa respuestas superficiales del Estado mexicano

Al referirse a la participación de la representación mexicana durante las sesiones, Ramírez consideró que las respuestas ofrecidas no profundizaron en los cuestionamientos planteados por el comité ni en los señalamientos presentados por las organizaciones civiles.

“El Estado mexicano ha estado dando respuesta, pero me atrevo incluso a decir que las respuestas han sido calificadas como de superficiales, es decir, no han ahondado realmente en los temas que se han puesto a debate y que hemos traído las organizaciones justo para cuestionarles”, afirmó.

La activista señaló que, pese a que garantizar los derechos sociales ha sido una de las principales banderas de las últimas dos administraciones federales, existe una diferencia entre su reconocimiento constitucional y su cumplimiento efectivo.

En ese sentido, sostuvo que el Estado mexicano no está plenamente comprometido con los derechos económicos y sociales, pues su reconocimiento en la Constitución no significa que todas las personas puedan ejercerlos en la práctica.

Añadió que, durante las respuestas de la representación mexicana, se hizo referencia a los programas sociales, aunque consideró que estos no sustituyen la necesidad de contar con mecanismos internacionales que permitan a las personas defender sus derechos cuando sean vulnerados.

Piden ratificar protocolo para denunciar violaciones a derechos sociales

Uno de los principales llamados de las organizaciones civiles que participaron en el proceso de evaluación es que México ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), una recomendación que el comité formuló al país desde 2018.

Ramírez explicó que este instrumento permitiría que personas víctimas de violaciones a sus derechos, así como colectivos, puedan acudir directamente al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU para presentar denuncias específicas.

La directora de Di-sentir A.C. señaló que México ha ratificado otros instrumentos internacionales, pero mantiene pendiente la adhesión a este protocolo, lo que limita las herramientas disponibles para exigir la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.

Consideró que la ratificación resulta especialmente importante ante los cambios en el Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos, ya que los mecanismos internacionales adquieren mayor relevancia cuando existen cuestionamientos sobre las instituciones nacionales encargadas de garantizar los derechos.

“Si tenemos un poder judicial capturado después de estas elecciones y con personas que no necesariamente tienen el expertise porque no son de carrera judicial, estos mecanismos internacionales son más importantes que nunca”, afirmó.

Por ello, hizo un llamado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que ratifique el protocolo y garantice que la población tenga acceso a mecanismos efectivos de defensa.

“Si este gobierno está tan comprometido con los derechos sociales, se ha reformado tanto la Constitución para hacerlo, entonces necesita garantizar que tengamos acceso a mecanismos efectivos para defenderlos en un futuro”, planteó.

Apuntó que la ratificación del instrumento representaría un legado para la actual administración, al permitir que las personas cuenten con una vía adicional para exigir el cumplimiento de sus derechos.

La directora de Di-sentir A.C. recordó que el último examen de México ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se realizó hace ocho años, en 2018, mientras que el informe más reciente presentado por el Estado mexicano data de 2023.

La evaluación se desarrolló durante dos jornadas en Ginebra, con la participación de representantes del Estado mexicano y el seguimiento de organizaciones de la sociedad civil, que presentaron tres informes alternativos para llevar ante el comité las problemáticas que, señalaron, no quedan suficientemente reflejadas en los informes oficiales.

Entre las organizaciones participantes estuvieron Di-sentir A.C., Práctica Internacional de Derechos Humanos, el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, Práctica Laboratorio para la Democracia, Elementa Derechos Humanos y PrevenCasa, junto con la Red Humanum y la Red Nacional Constituyentes.