Educación con Rumbo advierte que violencia en escuelas 'no es una condición aislada'

La coordinadora del Observatorio de Investigación de Educación con Rumbo, Patricia Ganem, advirtió que el caso del adolescente de 15 años que disparó contra dos trabajadoras de una preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán, debe analizarse en el contexto de problemáticas estructurales que atraviesan a la sociedad.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Ganem señaló que desde el observatorio identifican “tres grandes líneas” que preocupan: una crisis en los vínculos sociales, la descomposición del tejido social y la normalización de la violencia. Sobre este último punto, explicó que “la normalización a través de los juegos […] va generando una condición que ya vemos en maneras concretas como que los niños se agredan entre sí”.

La especialista subrayó que estas dinámicas también se reflejan en el entorno escolar, donde, dijo, se ha debilitado la capacidad de acción del profesorado. “Estamos debilitando incluso la normatividad para poner en manos de los profesores una serie de disposiciones que les permitan […] trabajar dentro de las escuelas situaciones de violencia”, afirmó.

Ganem sostuvo que el caso de Michoacán no debe considerarse un hecho aislado. “No podemos minimizar ni descalificar ni normalizar qué sucedió en una escuela”, indicó, al tiempo que advirtió que distintas expresiones de violencia -desde agresiones verbales hasta amenazas- muestran una escalada preocupante. En ese sentido, apuntó que “no lo podemos dejar ya en estos momentos como una condición aislada”.

Al referirse a los factores que inciden en este fenómeno, destacó el papel de la familia y la construcción de referentes de autoridad. Señaló que muchos estudiantes reproducen mensajes como “si no pegas te pego” o que quien no se impone “no va a lograr nada en la vida”, lo que refleja carencias en el manejo emocional y en la formación de vínculos.

La investigadora también citó datos recientes sobre violencia hacia docentes, los cuales, dijo, evidencian que el problema se ha extendido particularmente en niveles de educación media superior y superior. Indicó que diversas investigaciones documentan agresiones verbales, descalificaciones e incluso violencia física hacia el magisterio, en un contexto donde su labor es cada vez menos valorada.

“Las cifras que estamos mencionando nos señalan que ya es una realidad que los alumnos, los padres de familia minimizan el trabajo de los profesores”, afirmó.

Ganem explicó que la escuela debería funcionar como un espacio que ofrezca alternativas de convivencia, pero advirtió que, cuando las conductas violentas se replican en distintos ámbitos (familia, calle, medios y redes sociales), estas terminan por consolidarse. “Los niños, los jóvenes van asumiendo esas prácticas”, señaló.

En su diagnóstico, también destacó cambios en las políticas educativas que, consideró, han contribuido al debilitamiento pedagógico. Como ejemplo, mencionó la imposibilidad de reprobar alumnos, lo que, dijo, ha derivado en rezagos acumulados. “Los maestros tienen que pasar a los niños”, explicó, lo que se traduce en estudiantes con “gravísimos problemas de fluidez lectora o de comprensión de textos”.

Asimismo, advirtió que las sanciones o correcciones dentro del aula suelen ser interpretadas como violencia por parte de alumnos y familias, lo que ha llevado a los docentes a limitar su interacción. “Los profesores lo que hacen es retirar cualquier tipo de comunicación”, indicó, debido al riesgo de denuncias y procesos administrativos.

Ganem reconoció que el sistema educativo ha transitado desde modelos autoritarios hacia esquemas más garantistas, pero consideró necesario equilibrar las herramientas disponibles para el profesorado. “Sí tiene que haber en las manos de los maestros una serie de recursos que permitan generar una condición de trabajo”, afirmó.

Señaló que la organización ha buscado establecer diálogo con la Secretaría de Educación Pública, sin éxito. “No hemos tenido suerte de tener una comunicación”, dijo, al señalar que diversos canales de colaboración entre autoridades y sociedad civil “están cerrados”. Ante este escenario, explicó que el observatorio continuará generando información y posicionamientos públicos con el objetivo de visibilizar la problemática.