Fundación Manuel Rozada denuncia presunto despojo de patrimonio destinado al rescate de perros y gatos abandonados

La Fundación Manuel Rozada Cuéllar denunció una serie de presuntas irregularidades en la administración y sucesión del patrimonio que su fundador, Manuel Rozada Cuéllar, destinó al rescate y cuidado de perros y gatos en situación de abandono. La organización sostiene que, a más de una década de su fallecimiento, los bienes heredados a la asociación civil no han sido entregados, mientras continúan abiertos procedimientos civiles, corporativos y penales que, según sus representantes, permanecen sin resolverse.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el abogado y notario 19 de la Ciudad de México, Miguel Alessio Robles, y María de Lourdes Rozada Morales, sobrina del fundador y representante de la asociación, señalaron que el caso involucra presuntos actos de abuso de confianza, falsificación de documentos relacionados con inmuebles y retrasos en la judicialización de diversas denuncias presentadas desde 2021.

Manuel Rozada Cuéllar creó la asociación civil antes de fallecer con el objetivo de que su patrimonio se destinara permanentemente al rescate, atención y protección de perros y gatos abandonados. Designó a la asociación como heredera de sus bienes y nombró albacea de la sucesión a Enrique Burgos Ordóñez.

“Mi tío Manuel Rozada creó esta asociación civil antes de fallecer para dejar protegidos a todos sus animales, que son casi dos mil perros y gatos que han sido maltratados y abandonados y que él toda la vida, desde 1985, se dedicó a rescatarlos; esa fue su misión de vida”, señaló María de Lourdes Rozada.

Relató que antes de morir le pidió ayudar a continuar con esa labor y garantizar que los animales permanecieran protegidos.

La representante de la fundación afirmó que, tras la muerte de su tío, comenzaron los problemas relacionados con la administración del patrimonio. Dijo que Enrique Burgos “abusó de la confianza” de su tío y la suya.

Según explicó, el objetivo del testamento era asegurar recursos suficientes para mantener una operación que implica alimentar diariamente a miles de animales, proporcionar atención veterinaria permanente, medicamentos, limpieza y todos los insumos necesarios para su cuidado.

Sin embargo, sostuvo que los recursos destinados a ese fin no han llegado a la asociación y acusó que el patrimonio ha sido dilapidado. “Esta persona [Burgos] se ha dedicado a obstaculizar y a dilapidar lo que mi tío dejó y a quedarse con estos recursos.” Asimismo, aseguró que en 2020 el entonces administrador dejó de proporcionar alimento a los animales.

Añadió que, ante esa situación, la organización ha continuado operando gracias al apoyo de ciudadanos y donantes. No obstante, insistió en que el patrimonio legado por su tío debería estar financiando esas actividades.

“Lo que hemos estado pidiendo desde hace muchos años es que se haga cumplir la ley; no estamos pidiendo favores, estamos pidiendo que se respete la voluntad de mi tío y se actúe conforme a derecho”, dijo.

Indicó que la fundación opera dos albergues en el Estado de México, cuya ubicación prefirió no revelar para evitar que continúen abandonando animales en sus instalaciones.

Explicó que cada perro o gato rescatado recibe atención veterinaria inmediata, permanece en cuarentena cuando es necesario para evitar contagios, es esterilizado o intervenido quirúrgicamente si lo requiere y posteriormente es incorporado a programas de adopción responsable. Añadió que la organización también realiza campañas de concientización, actividades con escuelas, universidades y empresas, además de promover adopciones mediante redes sociales.

Sin embargo, reiteró que la magnitud del trabajo requiere contar con el patrimonio que Manuel Rozada dejó específicamente para ese propósito: “Hace falta esto que mi tío dejó porque no hemos podido avanzar en esta protección y cuidado de los animales como debiera ser, como mi tío lo dispuso”.

Señalamientos sobre amenazas

María de Lourdes Rozada afirmó que las denuncias públicas realizadas durante los últimos años derivaron en agresiones contra ella, su familia y los abogados que participan en el caso. “Al albergue se han metido a robar”, señaló.

También aseguró que han intentado incendiar las instalaciones donde permanecen los animales y que esas acciones buscan afectar el funcionamiento de la asociación.

Según dijo, varias personas estarían involucradas en esos hechos: “Se han coludido entre ellos para hacer todos estos fraudes y estas situaciones contra nosotros, contra mi familia, contra mis abogados, contra la misma asociación.”

Por su parte, el abogado y notario Miguel Alessio Robles explicó que la decisión de hacer público el caso busca que las autoridades ministeriales y judiciales impulsen los procedimientos pendientes. “La razón es que necesitamos que las autoridades que están conociendo estos asuntos pongan diligencia en el cumplimiento de sus funciones, tanto las autoridades ministeriales como los jueces que conocen de los diversos juicios en los que está involucrada la asociación”.

El notario sostuvo que el albacea incumplió con su obligación de entregar los bienes a la heredera.”Se trata de un asunto en donde un representante, primero, y después administrador de bienes ajenos, como lo es un albacea, no rinde cuentas y no cumple con su obligación principal, que es la de adjudicar los bienes en favor de la heredera, en este caso la asociación civil”, dijo.

Presuntas falsificaciones

Explicó que, además, existen denuncias relacionadas con presuntas falsificaciones documentales:”Está el tema de la falsificación de títulos de propiedad, de procedimientos registrales e incluso de folios en el Registro Público de la Propiedad para poner a nombre de otra persona los bienes.”

Según expuso, algunos de esos inmuebles generan rentas que continúan siendo cobradas por quienes administraban originalmente el patrimonio. Mencionó, entre otros bienes, un edificio ubicado en la calle 16 de Septiembre, cuyos ingresos, afirmó, deberían corresponder a la asociación civil.

Alessio Robles aseguró que la representación jurídica de la fundación ha aportado elementos para sostener que diversos documentos utilizados durante el litigio son apócrifos. Señaló que, entre las pruebas, existe una respuesta del Archivo General de Notarías del Estado de Guanajuato respecto de un supuesto poder otorgado por Manuel Rozada Cuéllar.

Añadió que, con ese supuesto poder, se habría realizado una donación en favor de una persona ya fallecida, cuyos herederos actualmente pretenden adjudicarse los inmuebles. “De hecho ya tomaron posesión de uno de ellos”, detalló.

Denuncias e integración de la asociación

El abogado explicó que, tras el fallecimiento de Manuel Rozada y ante el incumplimiento del albacea, la asociación celebró una asamblea para destituirlo e incorporar como asociados a otros integrantes de la familia Rozada. Precisó, sin embargo, que esa asamblea también se encuentra impugnada y forma parte de los litigios pendientes.

En materia penal, Alessio Robles señaló que las denuncias fueron presentadas desde 2021 y que aún no han sido judicializadas: “Es muy claro el fraude, muy claro el abuso de confianza que se cometió; es muy claro que falsificaron títulos de propiedad”.

Agregó que, además de las investigaciones penales, permanecen abiertos procedimientos relacionados con la sucesión testamentaria, la nulidad de títulos de propiedad y los litigios corporativos de la asociación. También sostuvo que el Colegio de Notarios de la Ciudad de México emitió una opinión técnica en la que concluyó que los contratos de donación cuestionados no cumplían con los requisitos legales para ser válidos.

Señalamientos sobre el cobro de rentas

El notario indicó que una de las consecuencias del conflicto es que parte de las rentas de los inmuebles no llega a la asociación. Explicó que algunos arrendatarios han sido exhortados a depositar las rentas en un juzgado mientras se resuelve quién tiene derecho a recibirlas; sin embargo, sostuvo que otros continúan entregándolas directamente al albacea.

Incluso planteó que algunos comerciantes podrían optar por hacerlo debido a que se les ofrecería pagar solo una parte del monto originalmente pactado. “Son muy pocos los arrendatarios que pagan la renta a la asociación civil, que es a la que legítimamente le corresponde”, apuntó.

Asimismo, señaló que, debido al conflicto jurídico, la fundación no ha podido regularizar aspectos administrativos indispensables para acceder a mayores fuentes de financiamiento y a la deducibilidad que otorga la Secretaría de Hacienda.

Miguel Alessio Robles hizo un llamado para que las autoridades ministeriales y judiciales resuelvan los procedimientos pendientes. Señaló que una parte de las investigaciones involucra a un sobrino de Manuel Rozada Cuéllar, quien, de acuerdo con la versión presentada por la fundación, habría participado en la utilización de documentos presuntamente apócrifos para intentar adjudicarse los inmuebles. El abogado sostuvo que esas operaciones forman parte de los procedimientos civiles y penales actualmente en curso, por lo que, dijo, corresponde a las autoridades determinar las responsabilidades que pudieran derivarse.

De acuerdo con un comunicado difundido por la Fundación Manuel Rozada Cuéllar, los señalamientos alcanzan a Enrique Burgos Ordóñez, Carlos Manuel Roldán Rozada y Benjamín Navarro Áspero. La organización sostiene que, mediante un supuesto poder notarial y posteriores actos registrales cuya autenticidad cuestiona, se habría buscado transferir cinco inmuebles del patrimonio de Manuel Rozada Cuéllar. Añade que uno de esos inmuebles ya fue ocupado y que las investigaciones y litigios correspondientes permanecen en trámite.

Por su parte, María de Lourdes Rozada reiteró que el objetivo de la fundación es que se cumpla la voluntad expresada por Manuel Rozada Cuéllar en vida. “La petición es que se cumpla la voluntad de mi tío, que se actúe conforme a derecho, conforme a la ley, y que esta situación se destrabe y se resuelva, porque los que han venido sufriendo todo esto son los propios animales”, concluyó.