México: el derecho a ser atendido y escuchado | Por Mario Luis Fuentes

Por Mario Luis Fuentes.

México necesita más médicas y médicos, distribuidos con justicia territorial y con condiciones para ejercer una medicina capaz de escuchar a quienes enfrentan la enfermedad. El déficit que hay en México comprende plazas, especialidades y territorios, pero también el tiempo que una institución concede al encuentro con quien requiere asistencia por sus padecimientos; en efecto, una consulta puede quedar registrada como servicio otorgado mientras la persona sale de la clínica o del hospital con preguntas que nadie escuchó. El cumplimiento administrativo y la atención efectiva pueden separarse hasta volver irreconocible el propósito del cuidado.

El Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo federal permite dimensionar este desafío. Su anexo estadístico registra, para 2025, una disponibilidad nacional preliminar de tres médicos por cada mil habitantes: 300 por cada 100 mil. En 2015 eran 240. Existe un incremento, aunque debe leerse con cuidado: el indicador reúne recursos públicos y privados e incluye odontólogos, pasantes y residentes. Además, el cuadro de personal médico del sector público contabiliza plazas ocupadas, no personas únicas. Confundir estas categorías produce una imagen engañosa de la capacidad disponible.

La comparación internacional exige otra precisión. La OMS aclara que no establece una densidad universal recomendada de personal sanitario: las necesidades dependen del contexto demográfico, epidemiológico y territorial. Por ello, resulta incorrecto presentar cualquier umbral como una cuota obligatoria exclusivamente de médicos. La brecha mexicana puede documentarse mediante la OCDE: su Panorama de la salud 2025 reporta 270 médicos en ejercicio por cada 100 mil habitantes en México, frente a 390 como promedio de sus integrantes. Son 120 menos, aproximadamente 31% por debajo de esa referencia. Este indicador y el del informe presidencial tienen coberturas distintas.

La desigualdad territorial agrava esa insuficiencia. Según las cifras preliminares del Informe de Gobierno 2025, la Ciudad de México dispone de 560 médicos por cada 100 mil habitantes; Nuevo León, de 530, y Jalisco, de 360. En contraste, Chiapas registra 170; el Estado de México, 200; Oaxaca, 210, y Veracruz, 230. La disponibilidad capitalina supera en más de tres veces la chiapaneca. Bajo un mismo reconocimiento formal del derecho a la salud conviven posibilidades profundamente desiguales de recibir atención.

La concentración metropolitana ayuda a comprender estas diferencias, aunque no las explica por completo. El Estado de México muestra que una urbanización intensa puede coexistir con una disponibilidad reducida. Colima, con 370 médicos por cada 100 mil habitantes, supera a Jalisco. También debe considerarse que los hospitales de referencia reciben pacientes de otras entidades: sus recursos se contabilizan donde están instalados, aunque atiendan necesidades de un territorio mayor. Los promedios estatales, además, ocultan distancias internas que deben investigarse: entre capitales, periferias y comunidades rurales.

La geografía sanitaria se convierte así en experiencia corporal. La distancia significa traslado, gasto, jornadas laborales perdidas y dependencia de alguien que acompañe. Para una persona enferma, la disponibilidad efectiva comienza cuando puede llegar al servicio y encontrar personal, medicamentos y continuidad. Una plaza médica registrada carece de poder terapéutico por sí misma; por ello, el reto consiste en convertir capacidad institucional en una presencia accesible y sostenida.

Hay otra dimensión que debe interrogarse: la expansión de los servicios puede coexistir con una creciente expropiación de la experiencia de enfermar. Cuando el saber profesional desautoriza sistemáticamente la palabra del paciente, el cuidado corre el riesgo de organizar una forma alterna de dependencia. Esta advertencia adquiere fuerza donde la consulta, el estudio y el procedimiento se ordenan principalmente según su rendimiento económico. El sufrimiento ofrece entonces oportunidades de facturación y la persona aprende a reconocerse mediante aquello que puede comprar.

La evocación que haría en su momento el extraordinario ser humano que fue el Doctor Jesús Kumate invita a recuperar la nobleza de una profesión cuya materia cotidiana es la vulnerabilidad humana. Esa nobleza exige examinar qué enseñan las escuelas de medicina sobre éxito, prestigio y responsabilidad social. Si la formación presenta el ejercicio profesional primordialmente como inversión recuperable, la rentabilidad puede desplazar al cuidado como criterio de realización. Sin embargo, reclamar vocación mientras se toleran precariedad, agotamiento o violencia contra el personal sanitario constituye otra forma de degradar la profesión.

Una lectura desde la problemática biopolítica permite advertir cómo la persona puede quedar reducida a variables administrables: presión arterial, glucosa, diagnóstico, costo. Esos registros son indispensables; pero su pretensión de agotar la realidad del enfermo resulta peligrosa. La persona que llega al consultorio tiene historia, vínculos y temores. Cuando esa singularidad desaparece del encuentro clínico, se administra una condición biológica mientras queda desatendida la existencia que la padece.

El eficientismo favorece esa reducción cuando convierte la cantidad de consultas en medida suficiente de desempeño. Bajo esa lógica, escuchar parece una demora; explorar con detenimiento, una pérdida de productividad. El síntoma tiene una dimensión vivida que se comunica mediante palabras, vacilaciones y silencios. Una historia clínica apresurada puede perder información decisiva. La competencia técnica requiere tiempo para preguntar, examinar, explicar y comprobar que la persona comprendió lo que ocurre.

Subsanar el déficit médico exige ampliar la formación con calidad, financiar empleos estables y sostener equipos completos donde mayores sean las carencias. Requiere también vivienda, seguridad y posibilidades de desarrollo profesional para quienes trabajan lejos de los grandes centros. La evaluación debe incorporar oportunidad, continuidad, resolución y trato digno. México necesita aumentar su capacidad de curar y proteger el encuentro humano que la hace posible. El derecho a la salud, así, permanecerá incompleto cuando, a pesar de que se reciba una consulta y se tenga surtida una recte, la persona no encuentra a quien pueda confiarle apropiadamente su dolor.

Investigador del PUED-UNAM