GTA VI: el mercado de la violencia y los límites de la libertad | Por Mario Luis Fuentes
La clasificación de la Entertainment Software Rating Board (ESRB) describe que contiene violencia intensa, ataques contra civiles, desmembramientos, escenas con víctimas de tortura y contenido sexual explícito o insinuado.
- Mario Luis Fuentes

Por Mario Luis Fuentes.
El lanzamiento de Grand Theft Auto VI permite interrogar una contradicción que debe hacerse evidente en nuestra época: la convivencia del discurso universal de los derechos humanos promovido por la tradición liberal democrática, y una industria cultural que encuentra en la transgresión, la dominación y el daño, recursos comerciales extraordinariamente atractivos. La empresa Rockstar Games anunció su disponibilidad mundial el 19 de noviembre de 2026, y su llegada ofrece una ocasión para examinar los deseos colectivos, las formas del entretenimiento y los criterios con los que organizamos nuestra sensibilidad.
Sobre esta nueva versión, la clasificación de la Entertainment Software Rating Board (ESRB) describe que contiene violencia intensa, ataques contra civiles, desmembramientos, escenas con víctimas de tortura y contenido sexual explícito o insinuado. Estas características forman parte de una experiencia cuyo atractivo incluye la posibilidad de recorrer un mundo en el que las reglas de la convivencia pueden transgredirse de maneras extremas; de esta forma, mediante este videojuego, la violencia se incorpora a una oferta de entretenimiento en expansión concebida para alcanzar un mercado urbano mundial.
El interés por participar en ese mundo tiene significados diversos. Para algunas personas pesa la historia; para otras, la calidad visual, la exploración o la convivencia con amistades. También interviene el deseo de experimentar situaciones que serían inaceptables en la vida cotidiana; la ficción permite esa distancia. Sin embargo, el entusiasmo colectivo merece atención porque muestra la enorme capacidad de una industria para convertir determinadas fantasías de poder en acontecimientos culturales que reúnen expectativas, conversaciones y deseos de millones de personas.
La publicidad y las comunidades digitales contribuyen a esa concentración de la atención. Jugar desde el primer día puede ofrecer la sensación de participar en algo que todos comentan. Se compra una experiencia y también una forma de pertenencia. En esa expectativa compartida se vuelve visible el poder de las grandes empresas culturales: disponen de recursos para hacer que un producto ocupe el centro de la conversación pública y para presentar su adquisición como una cita difícil de eludir, literalmente para millones de personas.
Sería equivocado deducir de ese entusiasmo, que quienes juegan desean ejercer violencia real. La investigación psicológica exige prudencia: la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) reconoce pequeñas asociaciones entre videojuegos violentos y algunas conductas agresivas, pero considera insuficiente la evidencia para atribuirles violencia grave. Tampoco permite sostener que cada jugador perderá sensibilidad ante el sufrimiento. La violencia social requiere explicaciones que incluyan las relaciones familiares, las desigualdades, la impunidad y las condiciones en que transcurre la vida de las personas.
La discusión cultural tiene, por ello, un alcance propio. Una sociedad expresa sus valores mediante aquello que celebra, financia y convierte en diversión. Frente a ello, merece examinarse el lugar que concede al sufrimiento ajeno y la facilidad con que transforma a una víctima en parte de un escenario. En el videojuego que se comenta hay una ficción interactiva: el jugador puede tener un amplio poder de decisión sobre personajes cuya vulnerabilidad apenas interrumpe la acción; la distancia respecto de las consecuencias permite disfrutar la experiencia, pero también ofrece una ocasión para pensar en el significado de ese aparente poder.
Para comprender lo que transmite el videojuego, es importante observar qué debe hacer el jugador para avanzar. Si obtiene dinero, reconocimiento o ventajas mediante el robo y la violencia, esas conductas se convierten en caminos hacia el éxito dentro del juego. Conviene examinar también qué oportunidades tiene para ayudar a otros y qué consecuencias enfrenta por el daño que causa. Una historia puede criticar la corrupción y, al mismo tiempo, premiar al jugador por actuar de manera corrupta. Esa contradicción merece ser discutida como parte de su contenido cultural.
Aquí aparece el problema de las ganancias. Dentro de una economía que compite por capturar nuestra atención, el escándalo y la crueldad pueden adquirir un alto valor comercial. La capacidad de vender termina utilizándose como justificación suficiente: si existe demanda, producir parece legítimo. Bajo ese criterio, la responsabilidad por las representaciones queda relegada. La dignidad humana puede celebrarse en los discursos corporativos mientras el daño se explota como recurso de entretenimiento. Esa convivencia merece un cuestionamiento público sostenido, incluso sin demostrar efectos directos sobre la conducta.
La libertad artística protege la posibilidad de explorar el horror, la transgresión y los aspectos más oscuros de la experiencia humana. Esa protección resulta indispensable para una sociedad democrática. También comprende obras que incomodan o despiertan rechazo; a su vez, la ciudadanía tiene derecho a discutirlas y a exigir información clara sobre sus contenidos. No puede negarse el hecho de que históricamente la libertad de creación convive con la crítica, con la protección de las infancias y con la responsabilidad de las empresas por sus decisiones comerciales.
El límite frente a la apología del delito y la violencia exige, sin embargo, distinguir la representación de un daño de su exaltación y de la incitación a cometerlo. La libertad de pensamiento y de creencias protege la conciencia de cada persona; las expresiones públicas pueden estar sujetas a restricciones legales justificadas, necesarias y proporcionales. El disgusto o la indignación, por sí solos, resultan insuficientes para prohibir una obra. Por ello, la evaluación jurídica, sociológica, psicológica y filosófica requiere atender al contenido, al contexto y al riesgo de daño, con las garantías que impidan convertir la censura en instrumento de poder.
En México, estas preguntas adquieren una gravedad particular. Las desapariciones, la tortura y la violencia sexual pertenecen a la experiencia cotidiana de miles de familias. Su dolor reclama justicia y reconocimiento. Una cultura de paz necesita que esa realidad tenga peso en nuestras decisiones, en la educación y en las prioridades de la inversión pública y privada. Frente a la enorme capacidad del mercado para hacer deseable una experiencia, corresponde fortalecer nuestra capacidad colectiva para decidir qué merece ser celebrado y qué responsabilidades nacen de convertir el sufrimiento en una mercancía.
Investigador del PUED-UNAM

