Sheinbaum defiende estrategia de búsqueda de desaparecidos
El comité mantiene su solicitud para que la Asamblea General de la ONU examine la crisis de desapariciones en México, pese al reconocimiento de avances en las búsquedas.
- Redacción AN / KC
La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó a las reformas legales de 2025 y al trabajo de las instituciones la localización de más de 16 mil personas durante 2026, cifra que, dijo, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU reconoció como un avance de México.
Durante su conferencia matutina, la mandataria celebró el reconocimiento del organismo internacional, que anteriormente cuestionó la respuesta del Estado mexicano ante la crisis de desapariciones.
Sin embargo, sostuvo que los resultados son consecuencia de las medidas adoptadas por su administración y no necesariamente del llamado de atención del comité.
Pasaron, pues, de una crítica a una felicitación y qué bueno, porque la verdad es que han hecho un trabajo incansable.
El reconocimiento ocurrió durante la presentación del informe anual del comité ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.
Su presidente, Juan Pablo Albán Alencastro, felicitó a México por los avances reportados y señaló que, según las cifras presentadas por el propio gobierno, durante 2026 se había localizado a más de 16 mil personas.
Sin embargo, el reconocimiento no significó que el organismo retirara su petición para que la situación de las desapariciones en México sea examinada por la Asamblea General.
El comité mantiene su postura de que existen indicios fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, una determinación que el gobierno mexicano ha cuestionado.
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También, al explicar los avances, la presidenta recordó que su administración impulsó cambios legales en junio y julio de 2025, después de que el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, puso nuevamente en el centro del debate público las desapariciones y las deficiencias en los mecanismos de búsqueda.
Señaló que, a partir de ese momento, su gobierno revisó las disposiciones relacionadas con el delito de desaparición, estableció una alerta temprana y emprendió un análisis de las bases de datos de personas desaparecidas.
También destacó el diálogo con los colectivos de familiares buscadores.
Nosotros creemos que es a partir de ese cambio en las leyes que se hicieron y del trabajo constante de búsqueda que ha realizado la nueva comisionada de búsqueda.
Las reformas de 2025 establecieron, entre otras medidas, la obligación de iniciar una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición y realizar búsquedas inmediatas, sin esperar un plazo determinado.
El gobierno, dijo, también ha informado sobre el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, la revisión de registros y el uso de herramientas para mejorar la identificación de personas.
La mandataria sostuvo que estos cambios y el trabajo permanente de las autoridades explican los resultados presentados ante Naciones Unidas; en ese sentido, rechazó que el reconocimiento de los avances deba atribuirse exclusivamente a la intervención del comité.
Sheinbaum reconoció la labor de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, así como la participación de Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y de la Comisión Nacional de Búsqueda.
La presidenta destacó la coordinación entre estas dependencias para presentar los avances de México ante los organismos internacionales y dar seguimiento a las acciones de búsqueda.
CED-ONU mantiene señalamientos sobre desapariciones
Pese a la felicitación por las personas localizadas, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED-ONU) mantiene sus preocupaciones sobre la dimensión del problema en México.
En abril de 2026, el organismo concluyó que existían indicios bien fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y de la persistencia de esa práctica.
A partir de esa evaluación, solicitó que la situación mexicana fuera examinada por la Asamblea General de la ONU mediante el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El comité precisó que su determinación no establece por sí misma la responsabilidad internacional del Estado mexicano y señaló que corresponde a la Asamblea General valorar las posibles medidas de cooperación internacional para apoyar las tareas de búsqueda, investigación, esclarecimiento de los hechos y atención de la crisis forense.
Durante su intervención más reciente, Albán reconoció las localizaciones reportadas por México, pero pidió que la cooperación internacional se mantenga en el tiempo y se extienda al propio comité.
Por tanto, el reconocimiento de los avances no representa un retiro de sus señalamientos ni de su solicitud de intervención de la Asamblea General.
