Asamblea de la ONU considerará indicios de posible práctica generalizada de desapariciones en México 
El embajador mexicano ante la ONU, Héctor Vasconcelos, dijo que el Estado mexicano “no comparte” la decisión.
- Redacción AN/ SBH

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció que abrió un procedimiento para que la Asamblea General considere indicios de una posible práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada en México.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, afirmó que el proceso se establece en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de los Estados parte.
En sesión de la Asamblea General, informó que previamente se solicitó al Estado mexicano toda la información sobre la práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas.
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Después de evaluar la información disponible, el Comité decidió presentar las evidencias a consideración de la Asamblea General de la ONU.
Los siguientes pasos del proceso serán comunicados en los próximos días.
El artículo 34 de la Convención dispone que “si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, y tras haber solicitado del Estado parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.
En abril pasado, el Comité informó que activó la primera fase del proceso al recibir denuncias y considerar informes, las respuestas presentadas de manera constructiva por México desde 2014 y un informe adoptado por el Comité tras su visita a nuestro país.
El Comité destacó que según la legislación internacional, las desapariciones forzadas son perpetradas “por un Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia”, contemplando así la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean cometidas directamente por “organizaciones políticas” distintas del Estado.
México rechaza la decisión
El embajador mexicano ante la ONU, Héctor Vasconcelos, dijo que el Estado mexicano “no comparte” la decisión.
Argumentó que este proceso debe reservarse a situaciones excepcionales y sustentarse en criterios objetivos, para no desvirtuar su naturaleza.
Afirmó que, para México, cualquier modificación o interpretación de la Convención debe surgir de un proceso consensuado entre los Estados que forman parte de la ONU.
En su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno ya no cometía este delito. En junio, Relaciones Exteriores afirmó: “México rechaza que en nuestro país haya desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas por parte del Estado”.