La democracia ante su hora decisiva | Texto por Mario Luis Fuentes

Por Mario Luis Fuentes.

La democracia contemporánea atraviesa una crisis difícilmente reducible exclusivamente al ascenso de ciertos dirigentes autoritarios o a reiterados eventos de anomalías electorales con intervenciones recurrentes de intereses no legítimos vía las redes sociales y otros instrumentos de difusión de noticias falsas.

Los informes sobre la democracia presentados por V-Dem, en su centro regional de América Latina, por IDEA Internacional y por el PNUD, permiten advertir un desplazamiento de mucho mayor complejidad: el centro de gravedad político del mundo se está moviendo hacia formas de ejercicio del poder que conservan algunas instituciones representativas, pero debilitan gradualmente los límites, libertades y contrapesos que les daban pleno sentido democrático.

V-Dem Institute ofrece la imagen más severa. Para el ciudadano promedio, la democracia mundial ha retrocedido a niveles semejantes a los de 1978. Tres de cada cuatro personas viven ya bajo alguna modalidad de autocracia y sólo 7% de la población mundial reside en democracias liberales. La autocratización no constituye, por tanto, un fenómeno marginal: alcanza a países donde habita 41% de la población mundial. IDEA Internacional confirma la tendencia desde otra metodología: 98 países registraron entre 2020 y 2025 deterioros significativos en al menos una dimensión de su desempeño democrático.

La lección fundamental es que las democracias no desaparecen hoy mediante golpes de Estado tradicionales. Su vaciamiento suele producirse desde dentro de la legalidad y los marcos constitucionales. Gobiernos surgidos de las urnas concentran facultades, desacreditan a los órganos de control, colonizan tribunales, hostigan a periodistas, restringen a la sociedad civil y convierten la mayoría electoral en una pretendida autorización ilimitada revestida de “mandatos populares” ineludibles. Las elecciones permanecen, pero la certidumbre democrática disminuye: el poder deja de estar verdaderamente expuesto a la crítica, la vigilancia y la posibilidad de alternancia.

Por ello, la democracia no puede definirse sólo como gobierno de la mayoría; por el contrario, es una forma de organizar el poder para que ninguna minoría o mayoría pueda apropiarse definitivamente de él. Supone elecciones auténticas, pero también libertades públicas, pluralismo informativo, oposición legítima, justicia independiente, división de poderes, mecanismos eficaces de control del poder y ciudadanos capaces de intervenir en los asuntos comunes. Cuando se elimina cualquiera de esas condiciones, la soberanía popular puede convertirse en legitimación plebiscitaria del mando.

México ocupa un lugar especialmente delicado en este panorama. V-Dem lo clasifica desde 2024 como una autocracia electoral de “zona gris” y considera que el proceso de deterioro iniciado en 2019 ya provocó el colapso de nuestra democracia. Señala la concentración del poder político, el control conjunto del Ejecutivo y el Legislativo por una misma fuerza y la reforma judicial como factores centrales. También coloca a México entre los países con mayor deterioro de la libertad de los medios durante la última década.

IDEA Internacional permite precisar de mejor manera el problema. México obtiene mejores resultados relativos en representación que en derechos, participación y Estado de derecho. Esa brecha revela una democracia electoralmente activa, pero asentada sobre una legalidad frágil. Se vota, pero amplios sectores carecen de acceso efectivo a la justicia; existen instituciones, pero no siempre pueden limitar al poder; se reconocen derechos, pero su ejercicio depende del territorio, la condición social o la exposición frente a actores criminales. El problema mexicano no es únicamente la concentración gubernamental, sino la convergencia entre debilidad institucional, impunidad, violencia y desigualdad.

El informe del PNUD ayuda también a comprender esa convergencia. Una democracia no se legitima solamente por el funcionamiento de sus procedimientos, sino por su capacidad para garantizar derechos y producir resultados de desarrollo humano. Cuando el Estado está ausente en parte del territorio, la violencia determina la conducta pública, la justicia es inaccesible y las oportunidades se distribuyen de manera profundamente desigual, la ciudadanía comienza a desconfiar no sólo del gobierno, sino del régimen democrático mismo. Allí prospera la promesa autoritaria: sacrificar controles y libertades a cambio de una eficacia inmediata que casi nunca llega.

A estas debilidades se añaden la fragmentación digital y la polarización afectiva. La desinformación no introduce simplemente contenidos falsos: destruye el suelo común desde el cual una sociedad puede discutir. Los adversarios dejan de ser interlocutores y se transforman en enemigos morales. Sin una realidad mínimamente compartida, la deliberación se vuelve imposible y la política queda reducida a movilizar miedo, resentimiento e identidades enfrentadas.

Sin embargo, los informes también contienen razones para evitar el fatalismo. La autocratización no es irreversible. Existen países que han iniciado procesos de recuperación democrática, y las crisis pueden abrir oportunidades de reforma. Proteger la democracia exige fortalecer la independencia judicial y electoral; garantizar la libertad de prensa y la seguridad de periodistas; profesionalizar la administración pública; recuperar el control legítimo del territorio; combatir la impunidad; regular con garantías democráticas los ecosistemas digitales y construir mecanismos permanentes de participación y deliberación.

La tarea decisiva consiste en volver a conectar democracia, Estado y desarrollo humano. Las reglas hacen posible la competencia; las capacidades estatales convierten las decisiones en realidades; y los resultados socialmente justos renuevan la legitimidad de las instituciones. Defender la democracia no significa conservar intacto un arreglo institucional agotado, sino devolver a la ciudadanía la experiencia concreta de que el poder puede ser vigilado, limitado y orientado hacia la dignidad común. Sólo entonces dejará de percibirse como una promesa incumplida y podrá recuperar su sentido más profundo: la construcción colectiva de un mundo en el que nadie pueda gobernar sin límites y nadie deba vivir sin derechos.

Investigador del PUED-UNAM