Lilly Téllez propone auditar y transparentar todo el Fobaproa
La propuesta planteó que los titulares del IPAB, Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria remitan un informe con calendario de apertura para que las comisiones del Senado evalúen el cumplimiento de estas medidas.
- Redacción AN/ SBH

La senadora del Partido Acción Nacional, Lilly Téllez, presentó una proposición con punto de acuerdo ante el Senado de la República para solicitar a las autoridades financieras la revisión integral y desclasificación de todos los expedientes del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
El punto de acuerdo demandó al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario la publicación de un inventario público sobre los archivos bajo su resguardo, así como la difusión en formatos abiertos de contratos, convenios, pagarés, recuperaciones y los nombres de las instituciones y personas morales beneficiarias del rescate bancario.
La legisladora sonorense requirió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores transparentar los instrumentos fiduciarios, las actas y las evaluaciones sobre las instituciones apoyadas.
La iniciativa estableció que estas dependencias deben revisar las reservas existentes y abstenerse de utilizar el secreto bancario o fiduciario de forma genérica cuando existan recursos públicos comprometidos.
El documento solicitó a la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre el seguimiento de las 110 auditorías realizadas al rescate bancario entre 1996 y 2004, de las cuales derivaron 238 observaciones y 323 acciones promovidas.
El texto precisó que las autoridades deberán aclarar la situación legal de cualquier expediente faltante, documentando si fue transferido, dado de baja o destruido.
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Téllez fundamentó su petición en el artículo sexto constitucional y en la Ley General de Transparencia, al recordar su documental de 2005 sobre el tema y su reclamo en la sesión senatorial del 11 de noviembre.
La propuesta planteó que los titulares del IPAB, Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria remitan un informe con calendario de apertura para que las comisiones del Senado evalúen el cumplimiento de estas medidas.
Según el Reglamento del Senado de la República, un punto de acuerdo busca que una petición o declaración formal se asuma una postura institucional.