Auditoría Superior detecta 81 mdp por aclarar en tramo del Tren Interoceánico que se descarriló

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 81.6 millones de pesos pendientes de aclarar en los trabajos de la Línea Z del Tren Interoceánico, mismo tramo donde en diciembre pasado se descarriló un ferrocarril provocando la muerte de 14 personas.

En la tercera entrega de resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2024, la ASF evaluó el desempeño financiero y la ejecución de obras por parte de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., entidad encargada del proyecto del Corredor Interoceánico.

En las obras de rehabilitación en las Líneas FA y K no se presentaron montos pendientes de aclarar, pero sí se detectaron observaciones económicas millonarias en el tramo Z.

La Auditoría 118 analizó los trabajos de “Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z”, que conecta los estados de Veracruz y Oaxaca. De acuerdo con el documento, la ASF revisó una muestra de  3 mil 510 millones de pesos de un universo seleccionado de 5 mil 315 millones 400 mil pesos.

Como resultado de esta inspección, se determinó un monto por aclarar de 81 millones 634 mil 100 pesos.

Durante el proceso de auditoría, la entidad fiscalizada logró recuperar únicamente 2.9 millones de pesos.

Durante la mañana del domingo 28 de diciembre de 2025, se descarriló la máquina principal del Tren Interoceánico de la línea Z que circulaba del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro Z-230+290 entre los poblados de Chivela y Nizanda y tuvo como saldo 14 personas muertas y más de 250 heridas.

A finales de enero de este año, la Fiscalía General de la República informó que la tragedia se registró por la conducción del tren a exceso de velocidad, ya que al momento del accidente el maquinista circulaba a 65 kilómetros por hora cuando el máximo permitido era de 50 km/h.

En un mensaje a medios, Godoy Ramos agregó que tras las primeras investigaciones, la FGR decidió ejercer acción penal por los delitos de homicidio y lesiones culposas en contra del personal que estaba a cargo del tren.

Así, el despachador del Tren Interoceánico, Ricardo Mendoza Cerón, fue detenido durante la mañana del martes 27 de enero, mientras que el conductor, Felipe de Jesús, fue aprehendido el día 26.

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Por su parte, la periodista Alejandra Crail reportó en entrevista para Aristegui en Vivo en diciembre pasado que la ASF ya había detectado desde 2019 irregularidades y una “deficiente planeación” en los trabajos de rehabilitación de la Línea Z del Tren Interoceánico.

Víctimas acusan estancamiento y omisiones en caso del Tren Interoceánico

Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico acusaron este martes falta de transparencia, omisiones y obstáculos procesales en la investigación del accidente ocurrido el pasado 28 de diciembre en el sureste mexicano.

En conferencia de prensa en Ciudad de México, Juan Manuel Iglesias López, sobreviviente del siniestro, hizo un llamado a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, para que se garantice “justicia y transparencia” en el caso, en nombre de su esposa y su hijo, quienes también resultaron heridos.

El contador de profesión, quien participaba en una misión religiosa con su familia en Oaxaca cuando ocurrió el accidente, afirmó que no habla en representación de posturas políticas, sino como esposo, padre y afectado.

“Soy la víctima que una vez más pide a gritos justicia”, expresó Iglesias López, quien viajaba en el primer vagón del tren que se descarriló y cayó al precipicio.

La defensa legal denunció que la Fiscalía General de la República no les ha reconocido la calidad de víctimas, lo que les ha impedido acceder a la carpeta de investigación, pese a que la querella por lesiones fue presentada el 5 de enero.

Según su abogado, Adrián Arellano, han presentado más de 20 escritos ante distintas autoridades y solo han recibido respuesta de dos de ellas.

Arellano señaló que fue hasta la víspera de la conferencia cuando la FGR los citó para el 20 de febrero –lo que atribuyeron a la presión pública– y consideró “poco sensible” que se exija a Juan Manuel viajar desde su natal Ciudad Juárez (norte del país) a la capital (centro) para ratificar trámites lo cual, aseguró, no es requerido por “ninguna ley”.

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Los denunciantes también señalaron que de más de 250 personas lesionadas solo ocho han sido llamadas por las autoridades para reconocer formalmente su calidad de víctimas.

Además, cuestionaron que la investigación se haya centrado en el presunto “exceso de velocidad” del tren sin agotar otras líneas como fallas en contratos, mantenimiento o construcción de la vía, pese a observaciones previas de la Auditoría Superior de la Federación.

Iglesias López afirmó además que la Comisión de Atención a Víctimas le ofreció un acuerdo de indemnización “condicionado” a firmar documentos sin la revisión de sus abogados, lo que calificó como “inaceptable”.

“Quiero sentar un precedente, que cualquier ciudadano puede ejercer su derecho a la justicia“, dijo, al compararse con “David frente al Goliat de la injusticia”.

Aunque el sobreviviente expresó que confía en la presidenta y en la directriz de una atención “pronta y expedita”, sostuvo que las instancias encargadas no han actuado en consecuencia.

La defensa legal, conformada por la firma Vega McGregor Arellano, informó que habilitó en su sitio web una herramienta basada en inteligencia artificial para guiar a posibles víctimas sobre los pasos legales a seguir, como parte de su apuesta por una “transparencia verdadera”.

Tras la conferencia, Iglesias López y su defensa acudieron a las instalaciones de la FGR en Santa Fe para intentar ser recibidos “como cualquier víctima”, y advirtieron que, de ser necesario, llevarán el caso “hasta las instancias que se tengan que llegar“, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

(Con información de EFE)