Obradorismo bajo escrutinio: investigan vínculos de red de huachicol con familia de Audomaro Martínez, señala Peniley Ramírez

Una red de empresas creada tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder y vinculada a familiares del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, es ahora objeto de una investigación federal y de la justicia de Estados Unidos por posibles vínculos con el robo de combustibles y contratos millonarios con el Gobierno.

Así lo reveló la periodista de investigación Peniley Ramírez durante una entrevista con Aristegui en Vivo. “Hay una investigación en curso en Estados Unidos. Hace unos meses hubo una alerta de parte del Departamento de Justicia en Estados Unidos diciendo que hay mucho involucramiento con funcionarios corruptos en México, con empresas corruptas en México y con empresas corruptas en Estados Unidos”, dijo.

“Estas llamadas shell companies o short companies son compañías que sirven para lavar el dinero o para mover los negocios ilegales. Esto está ocurriendo en ambos países”, explicó.

La operación descrita por la periodista inicia con el robo de crudo o gasolina desde los ductos de Pemex, su traslado a la frontera, el cruce hacia Estados Unidos, su refinación en Texas y su posterior reingreso a México, tanto por pipas como por buques.

Ramírez citó fuentes federales que le confirmaron la participación de más de 500 empresas y personas físicas, y subrayó que parte de la investigación involucra a familiares del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Audomaro Martínez.

En la mira: el hijo y la esposa de Audomaro Martínez

“Lo que hay ahora es una investigación que apunta directamente a vínculos entre personas que eran del primer círculo de confianza de la administración obradorista, que tuvieron altísimos puestos en la administración anterior, y empresas que se crearon después de 2018, que han tenido contratos millonarios con el Gobierno mexicano y ahora están en la mira de las propias autoridades federales, para entender cómo habrían participado o cómo habrían tenido una negligencia importante respecto a estos negocios y específicamente sobre estos casos”, apuntó.

Entre los señalados se encuentra el hijo de Audomaro Martínez y su esposa, quienes habrían fundado empresas de seguridad y comercialización de combustibles.

“Lo que me dice una fuente que ha tenido acceso a la investigación, y quiero aclarar que me dice que esta es la parte más delicada y más peligrosa de la investigación, es que también están en la mira de las autoridades una serie de empresas que se crearon, la mayoría después de 2018, y cuyos socios, entre otras personas, son el hijo de Audomaro Martínez, quien dirigía el Centro Nacional de Inteligencia, antes CISEN, durante la administración de López Obrador, y también su esposa”, mencionó.

Dijo que corroboró en registros públicos de comercio que ambos “han creado muchas empresas después de que comenzó la administración de López Obrador” y que “algunas empresas son del ramo de seguridad y otras del ramo, en efecto, de comercialización de combustibles”.

“Y varias de esas empresas tienen vínculos con otras personas del primer círculo, o que han tenido relación con el primer círculo del obradorismo”, puntualizó.

Empresas y contratos millonarios

La periodista señaló que una de las socias de dichas empresas, Elisa Aguilar, hija de un oficial retirado de las Fuerzas Armadas, vendió un departamento al exsecretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval.

“Después, un asociado suyo obtuvo, según publicó Mexicanos Contra la Corrupción, más de 229 millones de pesos en contratos con el Gobierno”, añadió. También dijo que uno de los contratos obtenidos por la familia de Martínez fue para suministrar combustible a las Islas Marías, una instalación gubernamental.

“Lo que podemos ver en este momento es una serie de familiares directos de personas de alto nivel en la administración anterior que crearon empresas después de que comenzó el Gobierno de López Obrador, que han obtenido contratos multimillonarios con el Gobierno a partir de ese momento, y que ahora están investigadas por las autoridades federales y por autoridades de Estados Unidos para tratar de comprender si ellos se han beneficiado directamente del negocio del huachicol o si han sido negligentes en sus tareas, tanto de verificar el origen de los combustibles que comercian como de cuidar instalaciones del Gobierno”, puntualizó.

“Entonces, la pregunta ahora es: ¿cuánto de estos grandes negocios que hicieron familiares directos del primer círculo obradorista terminan también involucrados por negligencia, por omisión o por participación directa en esta trama de huachicol?”, cuestionó.

Aseguró que Estados Unidos ha ejercido una gran presión al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que avancen las investigaciones, como el caso de la red de huachicol fiscal que involucra presuntamente a marinos, funcionarios de aduanas y empresarios mexicanos.

La red de huachicol fiscal

La investigación, que sigue en desarrollo, abarca a más de 500 empresas y se perfila como una operación de gran escala.

Se refirió al presunto involucramiento del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido el pasado 2 de septiembre, y de su hermano Fernando (contralmirante), quien cuenta con una suspensión provisional que impide que sea detenido. Ambos son sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En el seguimiento de la investigación, Ramírez reveló que existe una correlación entre las acciones judiciales y los movimientos del sistema financiero. “Yo pude confirmar una cosa un poco curiosa, que se anuncia su detención y que están prófugos a partir del 2 de septiembre, pero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hasta el 4 y 5 de septiembre, es decir, dos y tres días después, es que lanza alertas pidiendo información a los bancos sobre ellos”, señaló.

Esto, dijo, evidencia que “hay una investigación que está ocurriendo prácticamente al mismo tiempo que se están librando estas órdenes de aprehensión, aunque se están anunciando que estas personas están prófugas”.

Lo mismo ocurre en el caso de Abraham Jeremías Pérez Ramírez: “Se pidió información sobre una persona que era encargado de la protección portuaria en Altamira. Sabemos que Tamaulipas es el epicentro, en este momento, de los grandes negocios del huachicol transnacional, y esta persona aparece como que se suicidó en sus oficinas el día 8 de septiembre, es decir, tres días después de que piden información sobre él”.

Muertes en circunstancias sospechosas

Uno de los aspectos más delicados, según explicó la periodista, es el fallecimiento de personas clave relacionadas con el caso en circunstancias “muy extrañas” y que no solo ha ocurrido en fechas recientes.

“Lo que yo sé por mis informantes, por las fuentes con las que he podido hablar, que tienen acceso directo a la investigación y a lo que está sucediendo dentro de las indagatorias federales, es que no son los primeros. Hace más de un año y medio que han estado muriendo personas en condiciones muy extrañas relacionadas con estos casos. Incluso una de estas fuentes me dijo que los primeros muertos fueron personas que fueron ‘cazadas’ -y utilizó esta expresión- por funcionarios del propio Gobierno a partir de que comenzaron las primeras denuncias”, señaló.

Respecto al papel de la Marina y su vinculación con estos casos, recordó que esta institución asumió el control de las aduanas bajo el argumento de ser menos proclive a la corrupción. “Entonces, que haya denuncias que provienen dentro de la propia Marina […] habla también de una pregunta muy importante: ¿cuánto de esto eran unas cuantas ovejas negras y cuánto de esto es una operación en alguna parte institucional?”, cuestionó.

También hizo énfasis en el tamaño de la operación criminal: “Es tan gigantesco, es tan difícil esconder un buque tanque o esconder una serie de pipas […] Es muy difícil creer que no hay participación, por lo menos por omisión, de las autoridades”.

“Es tan grave que las autoridades participen directamente en esto como que esta operación gigantesca esté pasando delante de sus narices y no se den cuenta. Es decir, tan grave es que sepan como que no sepan”, comentó.

Dilema para gobierno de Sheinbaum

“De manera que es una red que no podemos ver solamente desde la perspectiva criminal, sino -y yo lo planteaba así en la columna- desde la perspectiva de los nexos tan intrínsecos que hay en este momento entre el sistema financiero mexicano, la criminalidad, el crimen organizado y el propio Gobierno”.

La periodista consideró que esta investigación representa un reto para la presidenta Claudia Sheinbaum. “Yo planteaba, al final de mi columna este fin de semana, que me parece que es un gran dilema para ella. Porque, al final, es verdad: está gobernando el mismo partido, ella se ha dicho sucesora de López Obrador”.

Sin embargo, apuntó que el actual gobierno ha dejado claro que, tanto por convicción propia como por la presión ejercida desde Estados Unidos, ha impulsado una investigación que no se limita a identificar a quienes extraen ilegalmente el combustible de los ductos de Pemex.

También busca seguir el rastro del dinero, determinar quiénes se benefician, quiénes eran responsables de la seguridad en instalaciones estratégicas y no cumplieron, y quiénes están involucrados en el traslado del combustible robado entre México y Texas.

“¿Y dónde termina este combustible? A veces termina en gasolineras como la que tú y yo podemos usar en cualquier momento en México y a veces puede terminar incluso siendo parte de la proveeduría que recibe el propio Gobierno”, señaló.

La pregunta, planteó Ramírez, es si las autoridades mexicanas tienen la capacidad o la voluntad política de llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, considerando el peso de los personajes implicados y el trasfondo partidista que envuelve el caso.

Señaló que la presión ejercida desde Estados Unidos podría representar una oportunidad para que el gobierno de Claudia Sheinbaum avance en indagatorias que, aunque ya habían iniciado dentro del país, no se habían profundizado precisamente por los intereses y figuras de alto nivel que podrían quedar expuestas, dentro del mismo partido que hoy continúa en el poder.