El Escudo Ideológico y el Reacomodo del Narcotráfico: De los Andes a Oaxaca | Por Alberto Islas

ALBERTO ISLAS

CEO GLOBAL LEADING SOLUTIONS

Durante las últimas décadas, el auge de gobiernos de izquierda en América Latina transformó la geopolítica regional, lo que trajo consigo un cambio radical en las políticas de seguridad. Un análisis de las administraciones de Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador revela un patrón preocupante: bajo la bandera de la justicia social y el antiimperialismo, estos gobiernos fueron sistemáticamente omisos en la lucha contra el crimen organizado. Esta permisividad estructural no solo limitó la efectividad de las fuerzas de seguridad, sino que también provocó un aumento histórico en el cultivo, la producción y la exportación de cocaína en el hemisferio.

Las justificaciones para esta inacción variaron según la geografía, pero compartieron un núcleo ideológico común. En países predominantemente productores, como la Bolivia de Evo Morales y la Colombia de Gustavo Petro, el Estado tomó como excusa la defensa de los pequeños agricultores y de las comunidades vulnerables. Al argumentar que la erradicación forzada criminalizaba la pobreza, estas administraciones detuvieron las aspersiones y los operativos directos contra los cultivos ilícitos. Si bien el discurso se centraba en proteger al campesino, en la práctica, esta política de “paz total” o “tolerancia cultural” otorgó a los cárteles de la droga zonas de confort para multiplicar las hectáreas sembradas, asegurando un suministro inagotable de materia prima para los laboratorios de procesamiento.

Por otra parte, naciones que operaban como rutas de tránsito y acopio, como Ecuador y Perú, junto con el régimen venezolano, adoptaron un enfoque distinto pero igualmente funcional frente al narcotráfico: la defensa irrestricta de la soberanía nacional. Bajo la premisa de expulsar el intervencionismo estadounidense, estos gobiernos cortaron los lazos operativos con la DEA, cancelaron los convenios de bases militares y limitaron las operaciones conjuntas de interdicción. El argumento de proteger la autonomía del Estado sirvió de cortina de humo y dejó los espacios aéreo, terrestre y marítimo sin vigilancia tecnológica avanzada, creando corredores logísticos perfectos para que las organizaciones criminales operaran con total impunidad.

El fin de varios de estos ciclos políticos y la salida de estos gobiernos de izquierda provocaron un choque en el mercado global de la droga. La reactivación de una política dura y el aumento exponencial de la interdicción liderada por Estados Unidos han comenzado a asfixiar las rutas tradicionales. A esto se suma una ofensiva sin precedentes por parte de las autoridades europeas. En los últimos meses, operaciones conjuntas lideradas por España han asestado golpes devastadores a las redes logísticas, logrando detener a 84 delincuentes e incautar 21 toneladas de cocaína en una sola operación vinculada a Ecuador, además de otros arrestos en Ibiza y República Dominicana.

Esta presión internacional, combinada con la guerra civil interna entre las facciones del Cártel de Sinaloa en México —agravada tras la captura de sus fundadores históricos— ha colapsado las cadenas de suministro tradicionales, provocando un desabasto temporal y un aumento en los precios de la cocaína a nivel mundial.

El efecto dominó de este reacomodo logístico ha golpeado duramente a México. La fractura del Cártel de Sinaloa obligó a los grupos criminales a abandonar rutas comprometidas en el norte y el Pacífico, trasladando la recepción de cargamentos sudamericanos hacia las costas del sur del país. El estado de Oaxaca se ha convertido en el nuevo epicentro logístico, como lo evidencian los recientes decomisos de más de una tonelada de cocaína frente a sus costas. La incursión de estos cargamentos ha desatado una ola de violencia extrema en la región, lo que ha forzado al Gobierno de México a intervenir militar y navalmente para intentar recuperar el control territorial.

Paradójicamente, la administración de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha adoptado una postura discursiva que emula las tácticas de las antiguas administraciones andinas, pero con un giro judicial. Utilizando los mismos argumentos que Ecuador y Perú sobre la defensa estricta de la soberanía, el gobierno mexicano emplea esta narrativa nacionalista no para rechazar la intervención per se, sino para justificar políticamente el hecho de hacer caso omiso de los tratados de extradición. La “falta de pruebas” en el discurso es un argumento similar al de la administración del expresidente Petro, que negaba un aumento en la producción de cocaína e incluso entró en conflicto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Igual que en México, en el caso de las personas desaparecidas.  

A su vez, los criminales recientemente capturados, vinculados a políticos que recibían sobornos o formaban parte de la estructura criminal, no serán extraditados para no exponer esas redes de corrupción. Su captura no implica una desarticulación, ya que el sistema penitenciario mexicano es muy débil y permitirá que los delincuentes sigan operando desde la cárcel, algo que no podrían hacer desde los EE.UU..

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La indulgencia ideológica de la izquierda latinoamericana hacia la cadena de producción de drogas facilitó la mayor expansión de la industria de la cocaína en el siglo XXI. Hoy, el colapso de ese modelo tolerante y la guerra entre cárteles han reconfigurado el mapa del crimen, demostrando que, cuando la soberanía y la justicia social se utilizan como escudos para la inacción estatal, el único verdadero beneficiario es el crimen organizado transnacional.