Brenda Quevedo, 20 años de lucha por su libertad: ‘Aún puedo recuperar algo de mi vida’

Por Julia Frías Aguilar.

Brenda Quevedo Cruz no puede cruzar la puerta de su departamento de menos de 100 metros cuadrados sin que se alerte a la Guardia Nacional. A las 7 de la mañana de todos los días, un elemento federal se estaciona afuera de su residencia, y permanece ahí todo el día. Brenda no puede salir a la calle, recibir asistencia médica, trabajar, o ver a su familia fuera de esas cuatro paredes.

Adentro, se ha inventado una rutina, en su departamento que comparte con su madre. Hace ejercicio, estudia música, lee, escribe, trabaja en sus memorias y va a terapia por el estrés post traumático que arrastra desde su detención.

“Es otra prisión, de domicilio, cómoda, pero es otra prisión”, dice en entrevista para Aristegui Noticias. Lleva casi 21 años sin que un juez le diga si es culpable o inocente del secuestro por el que se le acusa, conocido como “Caso Wallace”.

En julio de 2005, Isabel Miranda de Wallace encabezó una intensa campaña para dar con los responsables del supuesto secuestro y homicidio de su hijo. La policía, con respaldo de la familia, ubicó a seis personas como presuntas implicadas. Entre ellas, Brenda, entonces de 23 años, detenida en Estados Unidos en noviembre de 2007 y extraditada a México en 2009.

Después de 16 años en prisión preventiva, privada de su libertad en cárceles de alta seguridad, Brenda recibió el cambio a prisión domiciliaria. Durante ese tiempo, Brenda fue sometida en repetidas ocasiones a tortura y tortura sexual por parte de servidores públicos. En ninguno de esos casi 21 años ha recibido una sentencia.

La pieza central de la acusación original en su contra, la confesión de Juana Hilda González Lomelí, ya no existe legalmente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que fue obtenida bajo tortura y ordenó laliberación inmediata de Juana Hilda. Brenda esperaba que esa resolución repercutiera directamente en su propio proceso.

“Habemos dos personas que estamos procesadas, que es Jacobo Tagle y yo”, explica. Los otros implicados en el caso, ya sentenciados, promovieron un amparo directo para que se atrajera la resolución de la Corte; Quevedo y Tagle, en cambio, siguen esperando una sentencia de primera instancia que nunca llega.

Pese al desmontaje de la evidencia original, la Fiscalía General de la República (FGR) no desistió de la acción penal en su contra. Los cinco cambios de sexenio – Fox, Calderón, Peña Nieto, López Obrador y ahora Sheinbaum – no han bastado para cerrar el caso.

De esas promesas, dice, no se ha cumplido ni la más elemental: la Constitución mexicana reconoce, en su artículo 4°, el derecho de toda persona a la protección de la salud, pero en 2025 cuando Brenda sufrió una hemorragia ya en prisión domiciliaria, el juez electo que lleva su caso, Carlos Alberto Rico Mondragón, determinó que no se trataba de una emergencia y le negó la atención médica inmediata.

“Hasta un mes y cachito después salí, hasta que hubo alguna cita en el hospital público, porque no me permitió estar en una clínica privada”, explicó Brenda. “Ni siquiera me han dado las citas para los estudios que necesito”.

Por años, Brenda cuenta haber enfrentado este tipo de obstáculos prácticamente sola. Eso, dice, ha cambiado gracias a una red de abogados, periodistas, y asociaciones de derechos humanos que se ha unido para liberarla.

“Yo les digo el Dream Team”, cuenta con una sonrisa. “Era un sueño para mi antes que me defendieran de esta forma”.

La Red de Solidaridad y Acompañamiento para Brenda Quevedo ahora exige abiertamente al estado su liberación. “La verdad me he sentido cobijada y esperanzada, porque creo que a veces cuando la sociedad civil se une a exigir también el derecho de las personas, es muy conmovedor para mí”.

Brenda compara su situación con cómo se imagina que México vivió el tiempo del COVID-19, para poder entender su confinamiento. Salvo que en este caso no hay fecha de salida, y “todo el mundo sí puede salir, menos yo”.

“A veces cuando estoy bien, soy positiva, y creo que todavía puedo recuperar algo de mi vida”, dice. “Hay días que lo doy todo por perdido y no me dan ganas ni de pararme de la cama”.

Cuando Quevedo se imagina su futuro, no descarta la posibilidad de convertirse en activista si se le otorga su libertad. “Sí me gustaría hacer algo para apoyar para que algo cambie”, dice. “Hay mucha gente que sufre demasiado, no nada más esas personas; los hijos, la familia. Hay muchos hoyos legales, y ahí uno se ahoga”.

Cuando Quevedo piensa en una posible “reparación del daño”, explica que no piensa en dinero.

“El tiempo no te lo recupera nadie” dijo. “Los años que perdiste con tu familia, navidades, cumpleaños, tus proyectos… eso no tiene precio”. Lo que sí pediría, dice, es una disculpa pública – porque fue sentenciada mucho antes de tener un juicio: por el Estado, y también por los medios que la señalaron como culpable sin derecho de réplica.

Lo demás ya no lo piensa por ella. Lo piensa por sus padres. Por su hermano.

“Verlos de nuevo tranquilos, verlos de nuevo sonreír y vernos juntos”, dice, “esa sería mi reparación”.