Entre la crisis en Sinaloa y el desafío al orden internacional | Por Alberto Islas

Por Alberto Islas 
CEO Global Leading Solutions 

“¿Por qué es tan urgente? ¿Qué pruebas tienen? […] No hay elementos que justifiquen esa urgencia”. Claudia Sheinbaum Pardo

Con estas palabras, la presidenta cuestionó y desestimó la solicitud de detención provisional con fines de extradición emitida por el gobierno de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La postura del gobierno mexicano exige un mayor sustento para justificar la celeridad de la medida. Sin embargo, la insistencia por frenar este proceso judicial y crear una excepción contrasta drásticamente con la profunda crisis de seguridad que atraviesa el estado y las cifras alarmantes que ha dejado el crimen organizado en esta administración.

¿Amerita la urgencia en Sinaloa?

Mientras el gobierno federal apela a la defensa de la soberanía, la radiografía de Sinaloa pone de manifiesto una situación crítica que desborda las narrativas oficiales. En los últimos dos años, el estado ha sido escenario de una de las crisis de violencia más agudas de su historia:

• Asesinatos: Tan solo en 2025, la entidad registró 1.663 homicidios duplicando la cifra de 670 asesinatos reportados en 2024 y convirtiendo a 2025 en el año más letal en más de una década.
• Laboratorios de fentanilo: El estado sigue siendo el epicentro de la producción de drogas sintéticas. En operativos recientes, las Fuerzas Armadas han desmantelado más de 1.942 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas y fentanilo.
• Armas aseguradas: Una de cada cinco armas incautadas en todo el país proviene de Sinaloa. Entre finales de 2024 y principios de 2026 se han decomisado 4.850 armas de fuego de alto poder en el estado (incluyendo fusiles Barrett, ametralladoras y lanzagranadas).
• Personas desaparecidas: Sinaloa acumula más de 2.000 personas desaparecidas , siendo 2024 el año con la mayor concentración de nuevos casos documentados, lo que ha dejado a cientos de familias en la incertidumbre.
• Secuestros: Las privaciones de la libertad se han convertido en una táctica cotidiana. Solo entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, en el marco de las disputas internas del cártel, se registraron 1.419 secuestros o privaciones ilegales de la libertad.

El desdén por la rendición de cuentas internacional

La renuencia para colaborar de manera expedita en el caso del gobernador de Sinaloa no es un incidente aislado, sino que parece formar parte de una política que sistemáticamente rechaza el escrutinio internacional.

Hace un par de meses, la secretaria de gobernación desconoció el informe y el trabajo del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A pesar de que México concentra cerca del 38% de las acciones urgentes globales del organismo por desapariciones, el gobierno descalificó los señalamientos argumentando que extrapolaban cifras del pasado, evadiendo así la responsabilidad sobre las graves deficiencias estructurales en las estrategias de búsqueda actuales.

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A esta postura de negación se suma la alarmante inacción frente a crímenes atroces que trascienden fronteras. México se ha consolidado como uno de los países donde se tolera la trata de personas, con especial énfasis en la explotación sexual y laboral de menores. Como lo expuso recientemente un reportaje de The New York Times sobre el caso en Tlaxcala, redes internacionales de tráfico operan con gran impunidad, lucrando con la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes ante la mirada pasiva de las autoridades, que rara vez logran desarticular desde la raíz estas estructuras.

Pensar que la solicitud de detención del ex gobernador de Sinaloa y 9 personas más son un asunto electoral para aumentar la popularidad de Donald Trump, por las elecciones intermedias, es desconocer y desestimar la fuerza que ha tomado el crimen organizado en México. Y el impacto que causa en el mundo. Los políticos en México que brindan protección a estos negocios ilegales y se benefician de las ganancias del mercado negro también han aumentado sus riquezas y con ello comprado elecciones como se documenta en las pruebas presentadas al gran jurado del distrito sur de Nueva York para el caso de Sinaloa.

En menos de un año, el Estado Mexicano, lejos de cooperar con el orden legal internacional en materia de justicia y derechos humanos, lo desafía abiertamente. Al rechazar las observaciones de la ONU, tolerar redes de trata de personas con epicentros conocidos como Tlaxcala, y obstaculizar detenciones de alto perfil solicitadas por aliados internacionales, el Estado se aleja de su papel como un actor global responsable para convertirse, en la práctica, en un protector del crimen organizado transnacional. ¿Cuánto dinero está en juego?