Brugada cuestiona informe del Comité de la ONU sobre desapariciones y rechaza 'narrativas injerencistas'

El Gobierno de la Ciudad de México expresó su respaldo al posicionamiento del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum frente a la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) de solicitar que se lleve la situación de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas, tras activar el artículo 34 de la Convención en la materia.

En un comunicado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo que el informe del organismo internacional “se basa fundamentalmente en hechos ocurridos de 2009 a 2017; extrapolando lo sucedido durante ese periodo a la realidad actual de México”, sin reconocer los cambios implementados desde 2019 en materia de seguridad y atención a personas desaparecidas.

El gobierno capitalino consideró “muy grave” que no se haya incluido la evidencia presentada por el Estado mexicano, lo que, señaló, vuelve “cuestionables” los resultados del documento.

Asimismo, afirmó que el Comité “decidió no valorar las medidas adoptadas por el Estado mexicano para enfrentar y erradicar ese fenómeno” y que tampoco distingue adecuadamente entre desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado y aquellas perpetradas por particulares o grupos criminales.

Enfatizó que “en la actualidad, el Gobierno Federal no reprime ni desaparece”, sino que impulsa “una nueva política pública integral que busca erradicar esta grave vulneración a los derechos humanos”.

En su pronunciamiento, señaló que durante “los gobiernos autoritarios del antiguo régimen se desarrolló una represión sistemática contra la población civil”, y se refirió al impacto de la estrategia de seguridad implementada durante el sexenio de Felipe Calderón, conocida como la “guerra contra el narcotráfico”, cuya herencia, indicó, persiste.

El gobierno capitalino destacó las acciones implementadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como la creación de las comisiones estatales de búsqueda, el Centro Nacional de Identificación Humana, el incremento presupuestal y la homologación de protocolos.

Asimismo, subrayó que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha impulsado medidas como la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada para crear herramientas como la Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas no localizadas, la Plataforma Única de Identidad y el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización, además del fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

En el ámbito local, Brugada afirmó que la atención a víctimas es una “gran prioridad” y destacó la instalación de un gabinete permanente para atender la problemática, así como la creación de un Centro de Atención Integral que articula a la fiscalía, la Secretaría de Seguridad y la Comisión de Búsqueda.

También informó sobre la creación de un Centro de Resguardo Temporal para personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, así como la duplicación del presupuesto destinado a la búsqueda de personas.

“Expresamos nuestro respaldo a la política de atención a personas desaparecidas del Gobierno de México y reafirmamos nuestro apoyo a la posición expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum ante el informe del Comité de la ONU”, reiteró.

Posicionamiento del Gobierno de la Ciudad de México ante el informe del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. pic.twitter.com/yC7Cknhe3V

— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 6, 2026

Agregó: “Rechazamos las narrativas que afirman una supuesta colusión entre el crimen organizado y el Gobierno de México, por ser infundadas y por servir a intereses injerencistas; así como la utilización política de este informe para promover una agenda de vulneración de la soberanía de México y del derecho internacional”.

La jefa de gobierno capitalina expresó su solidaridad con las familias de personas desaparecidas y reconoció que “es una herida abierta y un dolor compartido que nos atraviesa como sociedad”, al tiempo que reiteró su compromiso de acompañarlas y fortalecer la política pública en la materia.

Reacciones a la decisión del CED

En su resolución dada a conocer el pasado 2 de abril, el CED concluyó que “existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad”, al señalar patrones persistentes de violencia, impunidad y posibles vínculos entre autoridades y grupos criminales. No obstante, aclaró que no encontró evidencia de una política federal orientada a cometer estos delitos.

El Comité reconoció avances normativos, pero concluyó que han sido insuficientes frente a una problemática que continúa en crecimiento, por lo que propuso que la Asamblea General explore mecanismos de cooperación técnica y apoyo internacional para fortalecer la búsqueda, identificación e investigación de casos.

El Gobierno de México, a través de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, rechazó el informe al considerarlo “tendencioso” y sostuvo que no refleja la situación actual del país ni los avances institucionales recientes.

En la misma línea, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuestionó las conclusiones del Comité al considerar que se basan en una interpretación parcial.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México consideró que el proceso abre una oportunidad para fortalecer la respuesta institucional. En un pronunciamiento, señaló que se trata de una coyuntura que “plantea condiciones para fortalecer el diálogo y la cooperación a fin de consolidar una política integral de Estado”.

El organismo subrayó la necesidad de garantizar “verdad, justicia y medidas de no repetición” y planteó que el contexto actual exige una respuesta “integral, articulada y sostenida”, con participación de las familias y mejor coordinación entre autoridades.

Organizaciones como Amnistía Internacional respaldaron la decisión del órgano de la ONU y llamaron al Estado mexicano a aceptar la cooperación internacional, al advertir que la crisis de desapariciones afecta a más de 132 mil familias en el país.