Candidatos presidenciales peruanos 2026: Evaluación del cumplimiento de estándares ambientales internacionales | Artículo de Ross Barrantes

Por Ross Barrantes 

Los 36 candidatos presidenciales que competirán el 12 de abril de 2026 en el Perú enfrentan un escenario ambiental caracterizado por su complejidad técnica y la escala sin precedentes de la degradación territorial. Sin embargo, un análisis sistemático de los planes de gobierno inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones revela un hallazgo fundamental: ninguno de los candidatos principales propone un conjunto integrado de medidas que cumple integralmente con los estándares establecidos por la OCDE en su Evaluación de Desempeño Ambiental de 2017, ni con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, ni con los compromisos asumidos bajo el Acuerdo de París.

Lo que este análisis evidencia no es solo una brecha técnica en la formulación de propuestas: es un déficit de voluntad política que compromete el futuro ambiental del país. La emergencia climática no admite ambigüedades ni promesas genéricas. Mientras la comunidad internacional avanza hacia metas cuantificables de descarbonización y protección de ecosistemas, el Perú se encamina a elegir un gobierno sin compromisos ambientales mínimamente rigurosos.

La República del Perú enfrenta indicadores de degradación ambiental que trascienden la naturaleza de problemas meramente locales y adquieren dimensión de desafío de gobernanza territorial. La deforestación amazónica alcanzó 139,169 hectáreas acumuladas en 2025, representando un incremento del 51% en los últimos 4 años. La minería, tanto formal como ilegal, genera USD 3,355 millones anuales en la economía peruana, concentrándose en operaciones que generan impactos ambientales documentados y mensurables: 1,613 dragas operan en zonas de la Amazonía, 250 ríos y quebradas presentan contaminación documentada mediante análisis técnicos, y 73 comunidades indígenas reportan impactos directos en sus entornos ambientales.

Particularmente crítico es el estado de los glaciares peruanos, cuyos cambios tienen implicaciones directas para la gobernanza de recursos hídricos. El Perú alberga aproximadamente el 70% de los glaciares tropicales de América Latina, con una extensión de aproximadamente 2,400 km² registrada en 2020. Sin embargo, datos proporcionados por el INAIGEM indican una retracción acelerada: los glaciares peruanos perdieron el 55% de su extensión superficial entre 1970 y 2020, con tasas de retracción que se aceleran. El glaciar Quelccaya, uno de los más estudiados mediante análisis de series de tiempo largo, se ha contraído significativamente en los últimos 20 años. Esta tendencia tiene implicaciones directas de política pública para la disponibilidad de agua en regiones como Ancash, Cuzco, Ayacucho, Huancavelica y Junín, donde los glaciares constituyen la fuente principal de agua durante períodos secos del ciclo hidrológico anual.

La contaminación por mercurio en ecosistemas acuáticos presenta características de bioconcentración y persistencia ambiental: análisis de concentración de mercurio en peces de zonas de minería aurífera reportan niveles 2 a 3 veces superiores a los encontrados en zonas sin actividad extractiva, y la exposición crónica a estas concentraciones está vinculada a impactos documentados sobre poblaciones vulnerables de comunidades que dependen de la pesca como fuente principal de proteína.

El Perú posee uno de los ecosistemas marinos más productivos del planeta. La Corriente de Humboldt, el sistema de surgencia más grande del mundo, fluye a lo largo de la costa occidental de América del Sur generando condiciones excepcionales de productividad biológica. Este ecosistema sustenta la pesquería de anchoveta más grande del mundo en términos de volumen, convirtiendo al Perú históricamente en la segunda nación pesquera global después de China. Según la Cuarta Encuesta Estructural de Pesca Artesanal (ENEPA IV) publicada en septiembre de 2025, el país cuenta con más de 77,000 pescadores artesanales y 23,000 embarcaciones registradas, un crecimiento de casi 30% respecto a la encuesta previa de 2015. La pesca artesanal apunta a más de 300 especies, principalmente para consumo humano directo. Sin embargo, el Perú protege actualmente menos del 0.5% de su Zona Económica Exclusiva, pese a haberse comprometido a proteger el 10% para 2020, meta que continúa incumplida. Las capturas de las principales especies comerciales han disminuido significativamente en los últimos 5 años. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada amenaza ecosistemas marinos únicos, y la formalización de la pesca artesanal avanza con lentitud: para 2025, menos del 60% de las embarcaciones elegibles habían completado los requisitos de formalización. Un país que depende del mar como el Perú no puede permitirse candidatos que ignoran por completo la gobernanza oceánica.

Estándares técnicos de evaluación:

La evaluación se fundamenta en tres cuerpos normativos internacionales que constituyen referencia técnica para gobernanza ambiental. Primero, la Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú realizada en 2017 por la OCDE en colaboración con la CEPAL, la cual establece 66 recomendaciones organizadas en 4 ejes técnicos: integración de política ambiental en decisiones económicas, fortalecimiento de institucionalidad ambiental, gestión sostenible de sectores económicos (minería, pesca, agricultura), y gobernanza de recursos naturales (agua, bosques, biodiversidad).

Segundo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015, con énfasis en el ODS 12 (Producción y Consumo Responsables), ODS 13 (Acción por el Clima), ODS 14 (Vida Submarina) y ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres). La incorporación del ODS 14 en esta evaluación resulta particularmente relevante dada la importancia estratégica del ecosistema marino peruano.

Tercero, el Acuerdo de París sobre cambio climático, que establece compromisos de reducción de emisiones mediante Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). El Perú asumió compromisos específicos de mitigación y adaptación que deben reflejarse en planes de gobierno con metas cuantificables.

Se realizó una revisión sistemática de los apartados de política ambiental en los planes de gobierno de los 36 candidatos presidenciales inscritos ante la autoridad electoral nacional. A continuación, presento los hallazgos derivados del análisis de candidatos principales, evaluados de manera técnica contra los 4 ejes establecidos por la OCDE, los ODS ambientales, y con énfasis especial en la dimensión oceánica (ODS 14) y en la gobernanza de glaciares.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

El plan de gobierno de Fuerza Popular presenta, en su Sección 2.9 (Desarrollo Sostenible o Ambiente), el diagnóstico ambiental más detallado entre los candidatos analizados. Reconoce que la generación de residuos alcanza 8.7 millones de toneladas anuales, que solo el 12% de municipalidades valorizan residuos, que 3.3 millones de personas carecen de agua potable, y que el sistema de fiscalización ambiental es débil. Propone un Programa Nacional de Cero Deforestación Ilegal con drones y monitoreo satelital, un Fondo Verde Amazónico financiado con cooperación internacional, un Régimen de Incentivos Tributarios para Empresas Verdes con deducción del 50% de inversión, Planes Regionales de Adaptación Climática con infraestructura verde, y participación en mercados de bonos verdes y carbono. En sus primeros 100 días propone implementar el Fondo Verde Amazónico, crear el Registro Nacional de Pasivos Ambientales, y ejecutar operativos conjuntos MINAM–PNP–SUNAT en Ucayali, Madre de Dios y Loreto. Sus metas al 2031 incluyen: valorización de residuos al 40%, reducción del 50% de deforestación ilegal, y monitoreo ambiental activo en 70% de regiones.

En materia de pesca y acuicultura (Sección 2.5), Fuerza Popular presenta la propuesta de reservas marinas productivas con esquemas de cogestión, un Fondo PESCA SOLIDARIA para épocas de crisis, un Seguro Pesquero Nacional contra fenómenos climáticos, compensación económica automática durante vedas, y la reactivación del Ministerio de Pesca con rango ministerial. Propone formalizar 20,000 embarcaciones en sus primeros 100 días y crear un Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura con participación del Estado, gremios, comunidades costeras y academia.

Sin embargo, una lectura crítica revela un sesgo revelador. El enfoque ambiental de Fuerza Popular está subordinado a una lógica de competitividad económica, no de protección de la naturaleza como valor intrínseco. La sección se titula “Desarrollo Sostenible o Ambiente” —la conjunción disyuntiva ya sugiere que ambiente es intercambiable con otro concepto— y su diagnóstico concluye señalando la falta de “incentivos tributarios amplios que fomenten la reconversión verde” y la “ausencia de un mercado robusto de servicios ecosistémicos.” La naturaleza aparece como oportunidad de negocio, no como sujeto de protección. El Fondo Verde Amazónico se justifica en “proyectos productivos alternativos sostenibles,” no en la obligación estatal de proteger ecosistemas. La marca “Perú Sostenible” es una certificación comercial, no un compromiso de gobernanza. Incluso la pesca se aborda como sector productivo que necesita infraestructura y formalización, no como ecosistema marino que requiere protección. En ningún punto del plan se menciona la palabra “glaciar.” Un plan que diagnostica con precisión la degradación ambiental pero formula sus respuestas exclusivamente en lenguaje de mercado no garantiza protección ambiental: garantiza que la naturaleza será protegida solo mientras sea rentable protegerla.

Evaluación técnica OCDE:

• Eje 1 (integración política): incentivos tributarios y APP, pero sin presupuesto MINAM. Cumplimiento parcial, 40%.
• Eje 2 (institucionalidad): monitoreo ambiental y registro de pasivos, pero sin autonomía OEFA. Cumplimiento parcial, 35%.
• Eje 3 (sectores): propuestas específicas para Amazonía y economía circular, pero regulación minera ambiental insuficiente. Cumplimiento parcial, 45%.
• Eje 4 (recursos naturales): monitoreo satelital positivo, pero sin presupuesto detallado. Cumplimiento parcial, 50%.
• ODS 15: 60%.
• ODS 13: 40% (sin meta de emisiones).
• ODS 14: cumplimiento parcial significativo por propuestas pesqueras.
• Glaciares: incumplimiento total.

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Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

El plan de gobierno de Renovación Popular presenta su Dimensión Territorial-Ambiental con propuestas que incluyen: mecanismos obligatorios para evitar vertido de desechos a cuerpos de agua, reforzamiento del Consejo Nacional del Agua, reforestación de 500,000 hectáreas anuales hasta alcanzar 2 millones con apoyo de reservistas, promoción de pesca sostenible y acuicultura transversal entre costa y selva, y priorización de energía limpia hidroeléctrica. Es el único candidato que reconoce explícitamente la contaminación y acidificación del océano y su efecto sobre la biodiversidad marina.

No obstante, el análisis integral del plan de gobierno de Renovación Popular revela la contradicción más grave entre todos los candidatos evaluados. El plan inscrito ante el JNE establece como objetivo estratégico, en su dimensión institucional, “Reducir el número de ministerios existentes” y como meta al 2026 “reducir la cantidad de Ministerios y redistribuir el personal a las sedes desconcentradas.” El candidato López Aliaga ha sido más explícito en declaraciones públicas: en entrevista con Latina señaló que “tener 18 ministerios, desde el punto de vista de gerente privado, es una locura, máximo deben ser seis o siete,” y en septiembre de 2025 declaró ante medios que busca “bajar a seis ministerios para eliminar las órdenes de servicio, eliminar un montón de gente que no trabaja.“

Varios medios de prensa y activistas ambientalistas han advertido específicamente que “algunas candidaturas plantean la eliminación o fusión del Ministerio del Ambiente, desconociendo su rol central en la articulación de políticas públicas, el cumplimiento de compromisos internacionales y la protección de derechos fundamentales.” La reducción de 18 a 6 ministerios implica matemáticamente la eliminación de 12 carteras ministeriales. El Ministerio del Ambiente, creado en 2008, es la entidad rectora de la política ambiental nacional, responsable de la implementación de compromisos asumidos bajo el Acuerdo de París, los ODS y las recomendaciones de la OCDE. Su eliminación o fusión constituiría un retroceso institucional sin precedentes en la gobernanza ambiental peruana, comparable al desmantelamiento de institucionalidad ambiental observado en Argentina bajo la administración actual, cuya evaluación técnica ya se califica como incumplimiento de estándares OCDE.

Evaluación técnica OCDE:

• Eje 1 (integración política): Consejo Nacional del Agua positivo, pero sin presupuesto. Cumplimiento parcial, 40%.
• Eje 2 (institucionalidad): la propuesta de reducir ministerios genera riesgo de retroceso institucional severo. Resultado: incumplimiento agravado.
• Eje 3 (sectores): propuestas de pesca sostenible y acuicultura positivas, pero regulación minera genérica y conflicto de interés con REINFO. Cumplimiento parcial, 30%.
• Eje 4 (recursos naturales): meta de reforestación ambiciosa pero sin presupuesto ni factibilidad. Cumplimiento parcial, 40%.
• ODS 14: único candidato que reconoce acidificación oceánica, pero sin metas cuantificables, 35%.
• Glaciares: incumplimiento total.

Carlos Álvarez (País para Todos)

El plan de gobierno de País para Todos presenta su Dimensión Territorial-Ambiental en formato de cuadro con indicadores y metas institucionales vinculados a entidades reguladoras (SUNASS, MINAM, INDECI, MEF). Identifica tres ejes: agua y saneamiento (continuidad de 18 horas por día en ciudades priorizadas, 90% de cloración adecuada, incremento de cobertura rural), Amazonía bajo amenaza (reducir deforestación en 20% versus línea base 2025, combatir economías ilegales, sistemas de alerta temprana en 100% de zonas priorizadas para 2031), y descentralización territorial. En su dimensión económica incorpora minería sostenible con cumplimiento ambiental, trazabilidad y eficiencia energética, así como transición energética como ventaja competitiva.

El formato de indicadores cuantitativos con responsables institucionales muestra un enfoque basado en resultados que es positivo desde perspectiva de gobernanza. La propuesta de minería sostenible con CITEs, mesas ejecutivas y cumplimiento ambiental es la más específica entre candidatos en regulación ambiental del sector minero. Sin embargo, la modestia de las metas ambientales es preocupante: una reducción de apenas 20% de deforestación frente a un problema que ha crecido 51% en 4 años es aritméticamente insuficiente para revertir la tendencia. El plan no incluye ninguna propuesta sobre ecosistemas marinos, pesca sostenible, áreas marinas protegidas, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, glaciares, ni porcentaje específico de matriz energética renovable. Para un país que es la segunda nación pesquera del mundo y alberga el 70% de los glaciares tropicales de América Latina, estas ausencias no son omisiones menores: son vacíos de gobernanza.

Evaluación técnica OCDE:

• Eje 1: indicadores institucionales positivos pero sin presupuesto ambiental. Cumplimiento parcial, 40%.
• Eje 2: formato de gobernanza sin reforma institucional. Cumplimiento parcial, 30%.
• Eje 3: propuesta minera más específica, pero sin cobertura de pesca. Cumplimiento parcial, 45%.
• Eje 4: meta de deforestación cuantificable pero modesta. Cumplimiento parcial, 40%.
• ODS 14: incumplimiento total.
• Glaciares: incumplimiento total.

Alfonso López Chau (Ahora Nación)

El plan de gobierno de Ahora Nación presenta la dimensión ambiental más estructurada y técnicamente elaborada (Sección IV.4), organizada en 4 problemas específicos con diagnóstico, estrategia, actividades e indicadores cuantificables, alineados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Establece un marco conceptual de desarrollo sostenible que integra explícitamente Sociedad, Economía y Ambiente, y propone un “nuevo pacto ambiental” con sostenibilidad en el centro de decisiones públicas y privadas.

Sus propuestas incluyen: un Sistema Nacional de Prevención y Respuesta a Eventos Climáticos Extremos con monitoreo satelital y centros regionales; un Fondo Nacional de Resiliencia Climática para infraestructura natural y restauración de cuencas; aumento de energías renovables mediante subastas, incentivos tributarios y financiamiento verde; un Plan Nacional de Energía Limpia y Eficiencia Energética con metas sectoriales vinculantes; alianzas público-privadas para hidrógeno verde, almacenamiento y geotermia; incremento del presupuesto de Áreas Naturales Protegidas a USD 150 millones anuales; restauración de 500,000 hectáreas de ecosistemas degradados priorizando cabeceras de cuenca; y tratamiento de aguas residuales en todas las ciudades de más de 50,000 habitantes.

Las metas cuantificables al 2031 son las más ambiciosas entre todos los candidatos: 100% de cumplimiento de medidas NDC; reducción del 25% de emisiones GEI versus 2020; 30% de energías renovables en entidades del sector público; 5 plantas de hidrógeno verde; 3 plantas de generación geotérmica; reducción del 40% de tasa anual de deforestación y restauración de 150,000 hectáreas de bosque; aumento de 400% de inversión pública en gestión turística de ANP; certificación de 30 productos con sello de sostenibilidad; reducción de 60% de actividades ilegales dentro de ANP; 100% de ciudades con más de 50,000 habitantes con PTAR; y reducción de 30% de contaminación atmosférica en las 10 ciudades con menor calidad del aire.

Es el único candidato que diagnostica explícitamente el nivel de cumplimiento de NDC (40% al 2023) y que propone tecnologías específicas de descarbonización.

No obstante, el plan de Ahora Nación comparte con los demás candidatos dos vacíos críticos que ninguna ambición cuantificable puede compensar: la ausencia total de propuestas sobre ecosistemas marinos y gobernanza oceánica, y la ausencia de cualquier mención a la gobernanza de glaciares peruanos. La restauración de cabeceras de cuenca cubre implícitamente parte de la protección de fuentes de agua glaciar, pero sin diagnóstico específico de la retracción glaciar ni mecanismo de monitoreo, esta conexión es insuficiente. Un plan que propone 5 plantas de hidrógeno verde pero ignora que los glaciares que abastecen de agua a millones de peruanos están desapareciendo revela una jerarquización de prioridades que merece cuestionamiento.

Evaluación técnica OCDE:

• Eje 1: presupuesto ANP (USD 150M) es la propuesta más cercana a integración fiscal-ambiental. Cumplimiento parcial, 55%.
• Eje 2: Sistema Nacional de Prevención, pero sin autonomía OEFA. Cumplimiento parcial, 40%.
• Eje 3: metas de emisiones y tecnologías específicas, las más ambiciosas. Cumplimiento parcial, 60%.
• Eje 4: restauración de 500,000 ha y 100% NDC, las más alineadas con estándares internacionales. Cumplimiento parcial, 60%.
• ODS 13: 65% (único con meta específica de GEI).
• ODS 14: incumplimiento total.
• Glaciares: incumplimiento.

Una evaluación técnica contextual requiere análisis comparativo con gobiernos de países vecinos que enfrentan desafíos ambientales similares. Se han seleccionado tres casos: Argentina, Brasil y México.

Argentina. Gobernanza ambiental 2025-2027: el gobierno argentino ha enfatizado reducción de regulaciones ambientales como mecanismo de política económica. Sus planes minimizan institucionalidad ambiental respecto a estándares OCDE. Respecto a glaciares, Argentina enfrenta retracción significativa en la Patagonia. El Plan Nacional de Glaciares (2008-2023) establecía mecanismos de monitoreo, pero el presupuesto asignado fue reducido 40% en 2024. La propuesta de López Aliaga de reducir ministerios a 6, con potencial eliminación del MINAM, replica el modelo de desmantelamiento institucional argentino, cuyas consecuencias ambientales ya son mensurables y negativas. Evaluación técnica: Argentina incumple estándares OCDE.

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Brasil. Gobernanza ambiental 2023-2025: Brasil implementó un Código Forestal que especifica porcentajes de reserva legal requeridos en propiedad privada, con 80% de reserva forestal en Amazonía. Mantiene el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) que monitorea deforestación amazónica mediante tecnología satelital con datos públicos. Evaluación técnica: Brasil supera estándares OCDE.

México. Gobernanza ambiental 2023-2030: México propone financiamiento específico para ambiente del 2.5% de presupuesto federal consolidado. Estableció la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Monitoreo anual de glaciares en Pico de Orizaba e Iztaccíhuatl. Meta de 70% de matriz energética renovable para 2030. Evaluación técnica: México supera estándares OCDE.

La evaluación sistemática de los 36 planes de gobierno presenta un patrón consistente: ningún candidato propone un conjunto integrado de medidas que cumple con los 4 ejes técnicos establecidos por la OCDE en 2017. Específicamente:

Ningún candidato (0 de 36) propone presupuesto específico para el MINAM en rango de 3% a 5% del presupuesto público. Ninguno propone reforma institucional de OEFA mediante autonomía de sanción administrativa. Ninguno propone plan específico de gobernanza de glaciares peruanos, pese a que estos han perdido el 55% de su extensión en 5 décadas y constituyen fuente principal de agua para millones de peruanos. Ninguno propone expansión significativa de áreas marinas protegidas para un país que protege menos del 0.5% de su ZEE. Solo uno (López Chau) propone meta específica de reducción de emisiones GEI (25%). Solo uno (López Aliaga) aborda contaminación y acidificación oceánica, pero el mismo candidato propone eliminar el ministerio encargado de la política ambiental. Al menos un candidato con viabilidad electoral propone la reducción de ministerios a 6, poniendo en riesgo la existencia misma del Ministerio del Ambiente.

La ausencia total de propuestas sobre glaciares es quizás el indicador más elocuente de la desconexión entre la clase política peruana y la realidad ambiental del país. Los glaciares peruanos no son una abstracción científica: son la fuente de agua de la que dependen regiones enteras durante la estación seca. Su retracción acelerada constituye una emergencia hídrica en curso que ningún candidato aborda. No se trata de un tema especializado que pueda posponerse: se trata de agua, y del derecho fundamental de millones de peruanos a acceder a ella.

El análisis diferenciado de los planes revela, sin embargo, diferencias significativas. El plan de Ahora Nación (López Chau) destaca por ser el único con metas cuantificables de reducción de emisiones, diagnóstico de cumplimiento de NDC, y tecnologías específicas de descarbonización. El plan de Fuerza Popular (Fujimori) muestra el diagnóstico más detallado y propuestas operativas inmediatas, pero subordina la protección ambiental a lógica de mercado. El plan de Renovación Popular (López Aliaga) presenta la mayor meta de reforestación y es el único que aborda la acidificación oceánica, pero la propuesta de eliminar ministerios —con potencial afectación al MINAM— y los vínculos con el sector de minería informal generan una contradicción que invalida la credibilidad ambiental del plan. El plan de País para Todos (Álvarez) ofrece un formato de indicadores institucionales riguroso con la propuesta minera más específica, pero sus metas ambientales son modestas y sus vacíos temáticos son amplios.

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Para cumplimiento de estándares técnicos OCDE, un gobierno que asuma funciones en 2026 requeriría:

Primero, presupuesto específico equivalente a 3%-5% de presupuesto público consolidado para ambiente.

Segundo, reforma institucional de organismos ambientales mediante autonomía administrativa y presupuestaria —lo contrario de eliminar ministerios—.

Tercero, marco legal mensurable para deforestación, minería y agua.

Cuarto, plan nacional de gobernanza de glaciares con inversión en investigación científica y monitoreo público.

Quinto, alineamiento con compromisos internacionales de reducción de emisiones mediante meta cuantificable.

Sexto, expansión significativa de áreas marinas protegidas y plan de gobernanza oceánica con metas de protección de al menos 10% de la ZEE, regulación efectiva de la pesca y formalización completa de la flota artesanal.

Ningún candidato actual propone este conjunto integrado de medidas técnicas.

Desde perspectiva técnica de análisis de política pública, la brecha documentada entre estándares internacionales y capacidad de propuesta política peruana es significativa pero no inevitable. El análisis comparativo internacional indica que estándares superiores son implementables en contextos regionales similares. El déficit observado no resulta de limitaciones técnicas sino de una decisión política: la decisión de no priorizar el ambiente. Y esa decisión tiene consecuencias que no se miden en ciclos electorales sino en décadas de daño acumulado, en glaciares que no se recuperan, en ríos que no se descontaminan, en ecosistemas marinos que no se protegen, y en comunidades que pierden su fuente de agua y sustento.

El Perú merece candidatos que estén a la altura de su extraordinaria riqueza natural. Este análisis documenta que, hasta ahora, no los tiene.

Gracias por leerme.

Nota sobre fuentes, metodología y aclaraciones

Este análisis se fundamenta en: planes de gobierno oficiales inscritos ante el JNE por los 36 candidatos presidenciales en el proceso electoral 2026; la Evaluación de Desempeño Ambiental Perú 2017 publicada por la OCDE/CEPAL; los documentos normativos de los ODS aprobados por la Asamblea General de la ONU en 2015, con énfasis en ODS 12, 13, 14 y 15; reportes técnicos del SENAMHI sobre retracción glaciar y disponibilidad hídrica; la Cuarta Encuesta Estructural de Pesca Artesanal (ENEPA IV) publicada en septiembre de 2025; declaraciones públicas de candidatos recogidas por medios de comunicación nacionales y agencias de noticias (Andina, RPP, La República); y planes ambientales de gobiernos de Argentina, Brasil y México obtenidos de fuentes públicas oficiales.

Los estándares técnicos citados constituyen referencia objetiva de instituciones especializadas en análisis de gobernanza ambiental, no recomendación política. La evaluación de cumplimiento o incumplimiento es técnica, no normativa. Este análisis no contiene sesgos ideológicos, sino evaluación sistemática de correspondencia entre propuestas presentadas y estándares técnicos internacionales ampliamente aceptados.