'El Mini Lic', el heredero incómodo del Cártel de Sinaloa
En el Cártel de Sinaloa, los relevos generacionales no implican rupturas, sino continuidades marcadas por poder, violencia e impunidad.
- Redacción AN / KC
Un juez federal de Estados Unidos sentenció el 5 de febrero de 2026 a Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, a cinco años de prisión por intentar traficar fentanilo mientras se encontraba bajo libertad supervisada derivada de una condena previa por narcotráfico.
La resolución fue dictada en una corte de distrito con sede en Alexandria, Virginia, y confirmó la reincidencia de un personaje que, desde hace casi una década, aparece de forma recurrente en expedientes judiciales, solicitudes de extradición y disputas internas del Cártel de Sinaloa.
La nueva sentencia reactivó el interés sobre López Serrano no solo por el delito cometido, sino por lo que representa dentro del entramado criminal binacional.
No se trata de un operador menor ni de un capo tradicional, sino del heredero de una de las figuras más influyentes en la historia reciente del cártel, excolaborador de autoridades estadounidenses y señalado en México como presunto autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez.
Dámaso López Serrano nació en 1988 en Culiacán, Sinaloa; es hijo de Dámaso López Núñez, conocido como “El Licenciado”, un exfuncionario del sistema penitenciario federal que durante los años noventa y principios de la década de 2000 ocupó cargos relevantes dentro de centros de reclusión de alta seguridad.
Desde esa posición, su padre construyó una red de contactos que con el tiempo lo colocó como uno de los hombres de mayor confianza de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El papel de López Núñez fue determinante durante el primer encarcelamiento de Guzmán Loera, porque diversas investigaciones judiciales y testimonios en cortes estadounidenses lo señalan como una pieza clave en la protección del líder del Cártel de Sinaloa y en la logística que permitió su fuga del penal de Puente Grande, Jalisco, en 2001.
Tras ese episodio, “El Licenciado” dejó formalmente el servicio público y se integró de lleno a la estructura criminal.
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Ese entorno marcó la formación de Dámaso López Serrano, quien a diferencia de otros integrantes del cártel que comenzaron como operadores armados, su incorporación fue gradual y estratégica.
Su crecimiento ocurrió dentro de un círculo que entendía el funcionamiento del Estado, las cárceles, los acuerdos políticos y las rutas internacionales del narcotráfico.
Para la década de 2010, su nombre ya figuraba como parte del segundo nivel de mando dentro de la organización.
El escenario cambió de manera drástica en enero de 2016, cuando Joaquín Guzmán fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa, y un año después extraditado a Estados Unidos.
Su salida definitiva del tablero criminal provocó una fractura interna en el Cártel de Sinaloa y la disputa por el control de la organización enfrentó a “Los Chapitos”, hijos de Guzmán, con otras figuras históricas, entre ellas el grupo encabezado por Dámaso López Núñez.
La confrontación no fue solo simbólica y se tradujo en enfrentamientos armados, reacomodos territoriales y una lucha por el control de rutas y contactos internacionales.
En ese contexto, Dámaso López Serrano se convirtió en uno de los rostros visibles del bloque opositor a “Los Chapitos”. La escalada del conflicto debilitó rápidamente a su grupo.
En mayo de 2017, Dámaso López Núñez fue detenido en la Ciudad de México; su captura marcó el colapso del clan y dos meses después, en julio de ese mismo año, se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses.
Tenía alrededor de 30 años cuando cruzó la frontera para ponerse a disposición de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
La entrega fue parte de una negociación judicial. En Estados Unidos, López Serrano aceptó su responsabilidad en delitos relacionados con la conspiración para distribuir drogas y se convirtió en testigo colaborador.
Durante el proceso aportó información sobre la estructura interna del Cártel de Sinaloa, sus métodos de operación y las disputas posteriores a la caída de Guzmán Loera; esa cooperación le permitió obtener beneficios procesales.
En 2018, un juez federal lo sentenció a una pena reducida de seis años de prisión y el acuerdo reflejó el valor que las autoridades estadounidenses otorgaron a su testimonio, pero también dejó abierta una discusión recurrente sobre los alcances y límites de la figura del colaborador en casos de crimen organizado transnacional.
Mientras López Serrano enfrentaba su proceso en Estados Unidos, en México se cometió uno de los asesinatos más emblemáticos contra la prensa.
El 15 de mayo de 2017 fue asesinado en Culiacán el periodista Javier Valdez, fundador del semanario Ríodoce y corresponsal de La Jornada; el crimen generó una condena nacional e internacional y colocó el foco sobre la violencia contra periodistas en el país.
Con el avance de las investigaciones, autoridades mexicanas detuvieron y sentenciaron a los autores materiales del asesinato.
Años después, la Fiscalía General de la República señaló a Dámaso López Serrano como presunto autor intelectual del crimen, en el contexto de la disputa interna del Cártel de Sinaloa.
López Serrano ha negado esa acusación, pero el señalamiento se mantiene como uno de los pendientes más delicados para la justicia mexicana.
Tras cumplir parte de su condena en Estados Unidos, López Serrano recuperó su libertad bajo un régimen de supervisión judicial; las condiciones incluían reportes periódicos y la prohibición de involucrarse en cualquier actividad ilícita.
Para las autoridades, ese periodo representaba el cierre de su etapa criminal activa.
Sin embargo, mientras se encontraba bajo libertad supervisada, López Serrano fue acusado por autoridades estadounidenses de intentar traficar fentanilo, una droga sintética asociada con la actual crisis de sobredosis en Estados Unidos.
La acusación implicó no solo un nuevo delito, sino el incumplimiento directo de las condiciones impuestas por la corte.
El 5 de febrero de 2026, un juez federal en Alexandria, Virginia, dictó sentencia y lo condenó a cinco años de prisión; la resolución subrayó la reincidencia y cerró, al menos de forma temporal, el capítulo de su colaboración judicial.
Al mismo tiempo, el gobierno mexicano ha reiterado que mantiene vigente una solicitud de extradición para que López Serrano enfrente los cargos pendientes en el país.
Hasta ahora, el proceso sigue sin una fecha definida y depende de que concluya su nueva condena en Estados Unidos.
Lejos de cerrarse, el expediente de Dámaso López Serrano sigue activo, cada nueva resolución judicial vuelve a colocar su nombre en el centro del debate y confirma que, en el Cártel de Sinaloa, los relevos generacionales no significan necesariamente rupturas, sino continuidades marcadas por el poder, la violencia y la impunidad.
