Estados Unidos desmantela red de contrabando de armas para cárteles mexicanos

Tras una investigación de dos años, agencias de Estados Unidos anunciaron el desmantelamiento de una red dedicada a la adquisición ilegal y el contrabando de armamento hacia organizaciones criminales en México. La operación conjunta, coordinada bajo el amparo de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), culminó con la presentación de cargos criminales contra 28 personas.

El núcleo de la organización operaba mediante el reclutamiento de intermediarios para comprar armas de fuego en establecimientos autorizados de Arizona, las cuales posteriormente eran trasladadas de forma clandestina a través de la frontera sur.

De acuerdo con un acta de acusación formal de 158 cargos devuelta por un gran jurado federal en Phoenix el pasado 21 de julio de 2026, la red principal era encabezada por Fernando Daniel Castro, residente de Phoenix.

Castro, junto con varios presuntos co-conspiradores —entre ellos Cruz Rafael Castro, Marque J’von Rogers, Taquan Antonio M. Carter, Zaccheus Faith Baselt y Juan Manuel Torres Perez— captaba a compradores testaferros (straw purchasers). Estos intermediarios adquirían el armamento de comerciantes con licencia federal de armas de fuego (FFL) en Arizona a cambio de compensaciones económicas.

Una vez obtenidas las armas, Castro las comercializaba para obtener ganancias, con conocimiento o motivos fundados para creer que el cargamento sería exportado ilegalmente fuera de Estados Unidos hacia México.

Entre las armas traficadas bajo este esquema se encontraban pistolas Glock 19 y fusiles tipo AK.

Los acusados enfrentan cargos por conspiración para la compra ilícita de armas con fines de comercialización sin licencia, declaraciones falsas durante la compra de armas de fuego, distribución ilegal y conspiración para el tráfico de armas.

Conexiones clave con cuatro investigaciones federales previas

El caso de 158 cargos se originó a partir de información de inteligencia recopilada en cuatro investigaciones federales estrechamente vinculadas.

El caso de Emmanuel Rabena-Velderrain, un ciudadano mexicano detenido el 17 de febrero de 2025 cuando intentaba cruzar la frontera hacia México en un vehículo cargado con 42 fusiles tipo AK y 42 cargadores calibre 7.62×39. El 31 de marzo de 2026 se declaró culpable de intento de contrabando de mercancías desde Estados Unidos y espera sentencia para el 17 de agosto de 2026 ante el juez federal Scott H. Rash, en Tucson.

También está el caso de Amairany Guadalupe Armendariz Alvarez, mexicana que ingresó a Estados Unidos con una visa de no inmigrante para viajar a Phoenix y recoger tres fusiles M249 y una pistola Colt. Admitió que sabía que el armamento sería introducido de contrabando a México y se declaró culpable de posesión de arma de fuego por parte de un extranjero. El 27 de abril de 2026 fue sentenciada a 24 meses de prisión por la jueza federal Susan M. Brnovich.

El caso de Alejandro Rodríguez y Maricruz Carrillo: Ambos residentes de Phoenix y con antecedentes penales se declararon culpables el 13 de mayo de 2026 de posesión de armas de fuego y municiones por parte de un delincuente convicto. Las autoridades incautaron en su domicilio una ametralladora M249, un rifle Barrett calibre .50 BMG, un fusil FN SCAR, 12 fusiles tipo AK, seis pistolas y 57 mil cartuchos de munición. Ambos esperan sentencia para el 19 de octubre de 2026 ante el juez federal Sharad H. Desai.

Además, en marzo de 2025, un jurado federal acusó formalmente a los ciudadanos mexicanos José Daniel Medina y Juan Jesús Estévez, junto con Christian Alberto Pereida Ramírez, de Nogales, Arizona, por conspirar para adquirir y contrabandear armas y municiones para compradores en México entre julio de 2024 y marzo de 2025.

En septiembre de 2024, Pereida Ramírez ingresó desde México en una camioneta blanca para comprar y transportar 40 mil cartuchos de munición calibre 7.62×39 hacia Tucson. Posteriormente trasladó otros 5 mil cartuchos en un Cadillac color plata en diciembre de 2024.

El 12 de febrero de 2025, Medina y Estévez ingresaron por Nogales y se trasladaron a centros comerciales de Tempe y parques de Phoenix, donde recolectaron armas de mano y miles de cartuchos que consolidaron en la camioneta blanca.

Ambos se declararon culpables de conspiración para contrabandear armas y municiones desde Estados Unidos. Además, Medina también se declaró culpable de posesión de armas de fuego por parte de un delincuente convicto, luego del aseguramiento de pistolas Glock, Walther y Armscor, además de municiones.

Su sentencia está programada para el 11 de septiembre de 2026 ante la jueza federal Krissa M. Lanham, mientras que Pereida Ramírez tiene prevista una audiencia de cambio de declaración para el 12 de agosto de 2026.

En este caso, las autoridades aseguraron 10 pistolas y 56 mil cartuchos de munición.

Balance de incautaciones y penalidades

A lo largo de la investigación, agentes federales adscritos a la HSTF ejecutaron múltiples órdenes de registro en cuentas de redes sociales, teléfonos celulares, residencias y vehículos.

El saldo de los decomisos en Arizona asciende a más de 100 armas de fuego de diversos calibres y más de 125 mil cartuchos de munición.

En caso de ser declarados culpables, los implicados enfrentan cargos de conspiración para el tráfico de armas y posesión prohibida, que conllevan una pena máxima de 15 años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares. Además, el delito de contrabando de mercancías fuera de Estados Unidos contempla hasta 10 años de prisión y los cargos por declaraciones falsas y operar como comerciante de armas sin licencia contemplan penas de hasta cinco años de prisión.