Las consecuencias y la percepción | Texto por Mario Luis Fuentes

Por Mario Luis Fuentes.

La acusación formulada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros actores políticos de esa entidad, constituye un acto con densidad geopolítica, cuya irradiación impacta simultáneamente en la legitimidad institucional, en la economía política del país y en la estructura de la percepción pública. México, en este sentido, aparece atrapado en una doble tensión: la de los hechos y la de sus interpretaciones.

En el plano de las consecuencias, la imputación opera como un vector de desestabilización simbólica. No se trata únicamente de la posible responsabilidad individual de los señalados, sino de la erosión que tales acusaciones producen en la confianza sistémica. En una democracia con déficits estructurales -marcados por la persistencia de la desigualdad, la precariedad laboral y la debilidad del Estado de derecho-, la sospecha de connivencia entre autoridades y redes criminales activa un mecanismo de sospecha generalizada. La ciudadanía no distingue con facilidad entre individuos y estructuras: la acusación se desplaza, casi de inmediato, hacia la idea de un Estado capturado o, al menos, vulnerable a la infiltración.

Este efecto se amplifica en un contexto económico adverso. México no ha logrado sostener un crecimiento robusto y sostenido; amplios segmentos de la población permanecen en condiciones de vulnerabilidad, con ingresos insuficientes para garantizar una vida digna. La presión sobre el gasto público, derivada tanto de la política de austeridad como de la expansión de programas sociales, configura un escenario fiscal restrictivo. En este marco, cualquier elemento que erosione la credibilidad institucional incide directamente en las expectativas económicas: inversión, consumo y confianza empresarial se ven afectados por la percepción de riesgo político y jurídico.

Pero el campo decisivo no es únicamente el de las consecuencias objetivas, sino también el de la percepción. En nuestras sociedades, la realidad no se presenta de manera inmediata; se encuentra mediada por dispositivos de interpretación que compiten entre sí. Los medios de comunicación tradicionales, lejos de constituir un espacio homogéneo, operan como actores con intereses definidos, en los que confluyen agendas políticas y económicas. La acusación del Departamento de Justicia es, así, traducida en narrativas divergentes: para algunos, confirma la hipótesis de un deterioro institucional profundo; para otros, se inscribe en una lógica de intervención externa o incluso de instrumentalización política.

A esta disputa se suma el campo de las redes sociales, donde la conversación pública se encuentra cada vez más condicionada por estrategias de intervención deliberada. El uso de recursos cuantiosos para posicionar temas, amplificar mensajes o deslegitimar adversarios introduce un elemento de artificialidad en la percepción colectiva. La opinión pública deja de ser el resultado de un proceso deliberativo relativamente espontáneo y se convierte en un terreno de disputa tecnológicamente mediada. En este entorno, la acusación contra Rocha Moya no sólo es un hecho, sino un objeto de construcción narrativa intensiva.

La consecuencia es una fragmentación de la experiencia social. Distintos sectores de la población habitan universos interpretativos que apenas se intersectan. Para unos, la acusación confirma la existencia de una crisis profunda de gobernabilidad; para otros, constituye un episodio más en una larga historia de tensiones bilaterales con Estados Unidos. Esta divergencia no es menor: dificulta la construcción de consensos básicos y debilita la capacidad del Estado para articular respuestas colectivas.

En este punto, la relación con Estados Unidos adquiere una centralidad ineludible. México no puede prescindir de una relación funcional con su vecino del norte; la interdependencia económica, comercial y migratoria es estructural. Sin embargo, esta relación se encuentra atravesada por una asimetría de poder que se expresa, entre otras formas, en la capacidad de las instituciones estadounidenses para actuar extraterritorialmente o para influir en la agenda política mexicana.

La coyuntura se vuelve particularmente compleja bajo un liderazgo como el de Donald Trump, cuya lógica política privilegia la afirmación unilateral de los intereses nacionales, incluso a costa de las normas y acuerdos previos. En este contexto, la acusación del Departamento de Justicia no puede desvincularse de una estrategia más amplia de reconfiguración de las reglas del juego regional. México aparece, una vez más, en la posición incómoda de tener que gestionar las consecuencias de decisiones tomadas fuera de su ámbito soberano.

No obstante, reducir el problema a una intervención externa sería insuficiente. La eficacia de cualquier acusación de este tipo depende, en última instancia, de las condiciones internas del país. La persistencia de estructuras de impunidad, la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas y la insuficiente autonomía de las instituciones de procuración de justicia crean un terreno fértil para que las imputaciones externas encuentren resonancia. En otras palabras, la vulnerabilidad no es únicamente impuesta desde fuera; se encuentra, en buena medida, inscrita en la propia configuración del Estado mexicano.

La pregunta que emerge, entonces, no es sólo qué consecuencias tendrá esta acusación, sino cómo será procesada socialmente. Si la percepción dominante es la de una confirmación de la corrupción estructural, el efecto puede ser un mayor distanciamiento entre ciudadanía e instituciones. Si, por el contrario, se impone la narrativa de una injerencia externa, el riesgo es la banalización de los señalamientos y la reproducción de las condiciones que los hacen posibles.

Entre ambos extremos se abre un espacio estrecho, pero necesario: el de una interpretación que reconozca simultáneamente la gravedad de las acusaciones y la complejidad del entorno geopolítico. Ese espacio exige instituciones capaces de investigar con rigor, medios dispuestos a informar con responsabilidad y una ciudadanía que, aun en medio de la fragmentación, conserve la disposición a discernir.

En última instancia, las consecuencias y la percepción no son dimensiones separadas, sino momentos de un mismo proceso. Las primeras se materializan en la economía, en la política y en la vida cotidiana; la segunda configura el horizonte de sentido desde el cual esas consecuencias son comprendidas. México se encuentra, hoy, en el punto en que ambas convergen, obligándolo a mirarse a sí mismo bajo la luz —incómoda, pero reveladora— de una acusación que, más allá de sus implicaciones jurídicas, interroga la consistencia de su proyecto nacional.

Investigador del PUED-UNAM