El desafío de las prisiones: Artículo de Elena Azaola

Por Elena Azaola

Frase: No puede haber paz mientras las cárceles sigan siendo espacios donde prevalece la degradación de la condición humana.

Al presentarse en la segunda conferencia del Diálogo Nacional por la Paz realizado en Guadalajara, la doctora Elena Azaola expuso la situación de precariedad en las que se encuentran las prisiones mexicanas.

En seguida el texto íntegro de la especialista en materia penitenciaria:

A lo largo de 40 años he tenido la oportunidad de llevar a cabo diversos estudios en las prisiones. He aprendido que, aun con quienes han cometido los crímenes más atroces, siempre podemos encontrar algún punto de conexión en nuestra mutua condición humana.

Sin duda, las prisiones son uno de los desafíos más grandes para la seguridad y la justicia en nuestro país, un eslabón que, a pesar de ser crucial, nadie quiere voltear a ver. La mayoría piensa que quienes están ahí se lo tienen bien ganado y casi nadie se preocupa por conocer esos espacios, por acercarse a ver, a sentir, lo que ahí se vive. “Que los refundan ahí por el mayor tiempo posible” suele ser el sentimiento más frecuente entre quienes dicen buscar justicia. Tampoco nos queremos detener a pensar en las consecuencias que tiene para la sociedad la negligencia y el abandono de las prisiones, la estigmatización y la expulsión, muchas veces sin retorno, de todas las personas que después de estar en prisión habrán quedado para siempre excluidas del curso de la acción social ordinaria. Me interesa destacar que el confinamiento tiene efectos dañinos muy graves, no sólo en los internos que de múltiples formas ven deteriorada su salud en cuanto pisan una prisión, sino también en la salud del tejido social de quienes gozan de libertad y especialmente en sus seres queridos más cercanos.

La prisión nos ofrece múltiples paradojas. Por un lado, no vemos ni escuchamos lo que ahí ocurre porque se tiene el cuidado de ocultarlo tras los grandes muros que resguardan la prisión, pero, por otro, todo lo que sucede adentro no es sino una réplica, una manifestación amplificada y muchas veces grotesca, de los conflictos y las contradicciones que caracterizan a una determinada sociedad. En este sentido, las prisiones son un microcosmos capaz de revelar aquello que la sociedad pretende ocultar, además de ser, paradójicamente, los espacios desde donde se administra y se organiza la actividad criminal. Lejos están de ser, como todos sabemos o sospechamos, los espacios que, como dice la ley, se proponen rehabilitar al delincuente y devolverlo sano a la sociedad. Hace tiempo que nadie cree en esta coartada desde que hemos podido constatar con datos inobjetables que quienes se hallan adentro, no son necesariamente los delincuentes de mayor calado, sino una y otra vez los jóvenes pobres de las zonas marginadas quienes constituyen, por mucho, la población mayoritaria de los centros penitenciarios. La cárcel, lejos de rehabilitarlos, no hace sino acentuar y perpetuar su exclusión.

Durante los últimos 7 años, los del gobierno de López Obrador y el actual, ha prevalecido una política de lo que se denomina el “derecho penal del enemigo”. La puesta en marcha de este modelo ha ocasionado que la población en prisión se incrementara en casi 25% durante este periodo como resultado del uso indiscriminado de la prisión preventiva oficiosa, medida que contradice los principios del debido proceso internacionalmente aceptados. De ahí que hoy tengamos cada noche a 100 mil personas que están durmiendo en prisión sin que se les hubiera comprobado la comisión de ningún delito pues no han recibido sentencia. Estas personas representan el 40% de los 255 mil que, en total, se hallan en alguno de los 280 centros penitenciarios con lo que cuenta nuestro país. Lo que resulta incomprensible -o no tanto- es que, a pesar del incremento en la población penitenciaria, el presupuesto que se asigna a las prisiones se ha ido reduciendo, lo que ha contribuido a exacerbar las ya de por sí precarias condiciones de vida en estos espacios, incluyendo las deplorables condiciones de trabajo del personal penitenciario. A este recorte del presupuesto debe atribuirse que cada año se reporten más motines, riñas, suicidios y homicidios, lo que da cuenta del incremento de la conflictividad a medida que se reducen todo tipo de recursos y crecen las dificultades para sobrevivir en prisión. Por si fuera poco, otro de los problemas más graves es que el Estado ha dejado en manos de los grupos delictivos el control de los penales. Con ello, ha abandonado a su suerte a quienes no forman parte del grupo al que, en cada caso, han cedido el control y han dejado a los más vulnerables expuestos a todo tipo de vejaciones y privaciones. Así lo ilustra el caso de Lucio, un interno que pasó 27 años en prisión en Monterrey tras los cuales fue declarado inocente y puesto en libertad y quien me dijo: “fue el jefe de custodios quien dio la orden de que se usara la fuerza letal y yo vi cómo quemaron a 14 personas que estaban en el pabellón psiquiátrico. Todos pertenecían a un mismo grupo delictivo distinto al de los responsables de ese supuesto accidente…”.

El “derecho penal del enemigo” es un concepto acuñado por Günter Jakobs en 1985 que se caracteriza por un conjunto de normas penales enfocadas a combatir la “peligrosidad”, restringiendo las garantías procesales a quienes se etiqueta como “peligrosos” (terroristas, crimen organizado).

Tampoco puede ignorarse que los penales son centros de extracción de grandes cantidades de recursos que autoridades y criminales se reparten al permitir la venta de drogas, de espacios y privilegios, así como de “permisos” para participar en el negocio de la extorsión, autorizando el uso de celulares. También se cobra por el pase de lista, por mandar llamar a un interno, por dejar pasar alimentos y medicinas o para recibir protección.

Es así que se producen los mayores daños al tejido social ya que son las familias las que deben costear la estancia de sus seres queridos en prisión. Y es así que la sustracción de la dignidad que tiene lugar adentro, se extiende hacia el tejido social afuera. Es la familia la que tiene que llevar alimentos para completar los que el Estado no provee, o las medicinas, que tampoco otorga, así como todo tipo de bienes, desde productos de higiene personal, hasta ropa y otros enseres básicos.

María, la esposa de Lucio que, junto con sus hijos lo visitó mientras estuvo en prisión, me dijo: “recuerdo que, cuando había motines, salían a maltratarnos y nos empujaban o nos aventaban gases lacrimógenos y, aunque nos maltrataban, todas las mujeres queríamos saber de nuestros esposos… También me daba gripa por el frío de estar acampando a la intemperie, son cosas que nunca terminaría de contar… A veces, llegábamos a las 5 de la mañana y pasábamos hasta las 12 y nos decían que la visita se acababa a las 2; se nos hinchaban los pies de estar tanto tiempo paradas. Y, aunque al final lo declararan inocente, ¿con qué nos devuelven la infancia de nuestros hijos o la juventud que Lucio perdió detrás de las rejas de un penal?”.

Otro problema grave es el régimen de máxima seguridad bajo el cual operan los 14 centros federales, 8 de los cuales fueron construidos y son operados como negocios por grandes empresas privadas. Este régimen, denominado de segregación, implica que las personas privadas de libertad permanecen durante 23 horas en sus estancias sin poder realizar ninguna actividad laboral, educativa o de ningún tipo. Sólo se les permite salir durante una hora al día para poder hacer un poco de ejercicio, pero también dentro de un área confinada.

Las consecuencias que este régimen produce han sido documentadas por estudios científicos rigurosos que muestran “el efecto deshumanizante del confinamiento solitario” que provoca “ansiedad, pánico, pérdida de control, rabia, paranoia, alucinaciones, auto mutilaciones” e, incluso, la “muerte social”. La “muerte social” se produce tras el alejamiento de una persona de la sociedad que las declara, de alguna forma, inservibles o invisibles. Asimismo, puede producirse por la indiferencia hacia las personas, causándoles un malestar y sufrimiento que destruye de tal manera su personalidad y su dignidad que, teniendo signos vitales, socialmente han dejado de existir.

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¿Cómo recuperar su dignidad? Hay muchas maneras en que todos podemos y debemos sumarnos en torno a este fin. Principalmente, hay que sentirnos corresponsables porque lo que ocurre en las prisiones nos atañe a todos, no podemos ignorar lo que ahí sucede, no podemos hacernos a un lado y permanecer indiferentes. En pocas palabras, hay que repensar el sistema penitenciario y ponerlo al servicio de la sociedad reestableciendo la dignidad humana de las personas privadas de libertad.